Al hilo de la actualización del Convenio Económico el pasado mes de diciembre el Gobierno navarro y la Cámara de Comptos celebran una jornada divulgativa para hacer frente al «inquietante grado de desconocimiento» existente en torno a él.

Las presidentas de ambas instituciones, Uxue Barkos y Asun Olaechea, han inaugurado la sesión, en la que se analizan la evolución del convenio, las competencias de Nafarroa, los ajustes a la recaudación tributaria y la aportación económica para concluir hablando sobre el futuro de esta herramienta.

Coincidiendo con su celebración, el Parlamento Social se ha concentrado en la entrada de Baluarte con pancartas con lemas como ‘No al techo de gasto’ o ‘Los 215 millones para gasto social’. Junto a ellas se ha exhibido también una pancarta ‘Por la calidad de la enseñanza’

La demanda de que los 215 millones obtenidos de la actualización del Convenio Económico se destine a gasto social ha sido coreada por los concentrados a la llegada de los asistentes, entre ellos Barkos, quien al ser cuestionada al respecto por los periodistas, ha recordado que «la legislación básica estatal es la que es», si bien trabajan en «términos políticos para que esa legislación sea más flexible y abierta como ha ocurrido con los Ayuntamientos».

Esa es una «ambición» de este Gobierno y de las formaciones que lo sustentan, según la presidenta, quien ha apuntado que esto es algo que aqueja a muchas comunidades y en este sentido se ha mostrado convencida de que «también muchas dirigidas por el PP» entienden que es «urgente» una mayor amplitud de mira para atender las demandas para poder acometer otro tipo de gastos «donde ha habido superávit, donde se está conteniendo la deuda, como es el caso de Navarra».

Posteriormente en su intervención ha remarcado que el desconocimiento que hay sobre el Convenio Económico es un caldo de cultivo para, en situaciones financieras azuzadas por la necesidad, formular acusaciones «faltas de rigor y carentes de sensatez».

Como «absolutamente incierto» ha considerado hablar del convenio como un «privilegio» o «insolidario». Al respecto ha subrayado que es la tercera mayor partida de los presupuestos del herrialde, lo que explica «la solidaridad de la sociedad navarra con el conjunto de las necesidades sociales del Estado».

La divulgación es la mejor herramienta para defender el convenio «de voces en algunos casos interesadas y en otros instaladas en el desconocimiento», ha aseverado, a lo que ha añadido que es importante la labor pedagógica tanto fuera de Nafarroa como dentro.

La presidenta ha valorado la negociación que concluyó con un acuerdo en diciembre, en la que, según ha remarcado, las dos partes actuaron con «lealtad» y en este sentido ha tenido un reconocimiento tanto para el consejero Mikel Aranburu y su equipo como para el ministro Cristóbal Montoro, pese a sus diferencias.

Previamente, Olaechea, quien igualmente ha reconocido la necesidad de dar a conocer este «pilar fundamental del autogobierno», ha comentado que en los últimos años se ha asistido a «un notable aumento de la aportación de Navarra al Estado por las transferencias no asumidas en un contexto de una notable reducción de ingresos como consecuencia de la crisis».

En 2014 la aportación fue de 556 millones, en 2015 fue de 591 millones y en 2016 de 620 millones, «si bien el Gobierno decidió abonar 82 millones menos a la espera de una negociación que se dilataba en el tiempo perjudicando los intereses de la hacienda foral», ha recordado.

Ante los ataques «basados en el desconocimiento o la demagogia», ha defendido el convenio como un instrumento «solidario, garante de la soberanía fiscal, que hunde sus raíces en los derechos históricos y que está amparado por la Constitución».