Queda lejos ya el informe de Comptos que desató la investigación parlamentaria. Los auditores habían detectado que la planta de biogás había recibido dos subvenciones distintas por un mismo trabajo gracias a una doble facturación que requirió de la complicidad del Ayuntamiento. En todo este tiempo, por la comisión de investigación han pasado decenas de personas. Expertos en energías renovables, responsables públi- cos, auditores, economistas y peritos. Sus testimonios han permitido reconstruir un relato sobre lo sucedido con un nivel de detalle bastante preciso. Si bien, ha habido dos personas citadas que, tras acudir al Parlamento y sentarse en la silla para dar las explicaciones, se negaron a declarar argumentando que existía una causa judicial abierta: los exalcaldes Patxi Pérez (el hombre que solicitó las dos ayudas) y Patxi Tornaría.

Sus explicaciones podrían haber servido para aclarar algunos de los extremos. Por ejemplo, ayer mismo en la última comparecencia de la comisión, la exsecretaria Irene Tortajada se negaba a admitir que se contratara «a dedo» a la empresa Aierdi Ingenieros para el proyecto y anteproyecto de la planta de biogás. Sin embargo, parece que el pliego de contratación y la resolución de Alcaldía adjudicando el trabajo se volatilizaron y ya no obran en los archivos municipales. Tal es así que el Alfonso Araújo, el secretario que sustituyó a Tortajada en el consistorio, admitió haber elaborado un seudoproceso administrativo por unos trabajos ya terminados para poder solucionar «un problema» que tenía con una factura de 125.000 euros de la citada empresa de ingeniería. El testimonio de Pérez pudiera haber sido crucial para saber si existió esa resolución de alcaldía o solo fue imaginaria, pero perdió la oportunidad de explicarse ante sus vecinos.

Tortajada es la única persona que fue llamada a declarar en dos ocasiones. Lo hizo a petición de Adolfo Araiz (EH Bildu) después de las revelaciones de Araújo y de que dos ingenierías que, supuestamente, se presentaron al concurso del que no hay documentación negaran ser conscientes de haber participado en un procedimiento de adjudicación público.

El misterio del sello

Las nuevas irregularidades no quedan ahí. Comptos detectó en su informe que el sello de Levenger (la empresa que acabó quedándose la concesión) aparecía ya en unos planos que se recogían en el anteproyecto que el Ayuntamiento de Ultzama pagó a Aierdi Ingenieros de forma tan anómala. Esto ponía en solfa todo el proceso de concesión. Ahora, lo que ha acreditado la comisión es que la participación de Levenger en el anteproyecto fue mucho más allá de esos planos. Existe también un informe de más de 50 folios donde se explica cómo debía de ser el funcionamiento de la planta que fue elaborado por un ingeniero de Levenger. De hecho, cuando Levenger presenta su propuesta para hacerse con la concesión de la planta, vuelve a presentar este mismo informe. Así las cosas, nadie puede extrañarse de que Levenger acabara quedándose con la ansiada concesión.

Y es que, según recalcó el administrador concursal que tuvo que tomar las riendas de la sociedad al entrar en una espiral de pérdidas, la planta de biogás quedó «cautiva» de la citada Levenger. Xabier Berruezo explicó que la tecnología que se implantó era «inmadura». No dio los resultados que prometía y, además, se sucedieron unas averías a otras. «La maquinaria era nueva y no tenia que haber dado ningún problema», manifestó. Los aparatos provenían de Chequia y el distribuidor «en exclusiva» de los mismos para todo el Estado era Levenger. Y además de implantarlos, la citada empresa se quedó con el mantenimiento. El negocio, en este sentido, fue redondo. Levenger era el único autorizado para sustituir la maquinaria y además nadie podía discutirle el precio. A eso se refería el administrador concursal a calificar a Bioenergía Ultzama de empresa «cautiva».

Este informe del administrador concursal, así como los procesos para la devolución de la ayudas públicas duplicadas abiertas por el Departamento de Desarrollo Rural y el de Desarrollo Económico dejaron un tanto acorralado al responsable de Leveneger. Pero, al menos, Jirko Bedzicej sí que se dignó a declarar en la comisión. «Levenger no obtuvo beneficio alguno de las construcción de la planta de biometanización. Las subvenciones son correctas y no incompatibles entre sí», aseguró el empresario. Además, afirmó que la producción energética de la planta de Ultzama cumplió con lo previsto.

Bedzicej es el único que piensa que cumplió. El administrador concursal sostuvo que, como la tecnología no funcionó, se introdujeron pronto residuos de gallináceas para los que la maquinaria no estaba preparada y trajeron averías. Y esta es la versión que cuadra con el relato que han hecho todos los técnicos que intentaron reflotar la empresa –que llegó a recibir más de tres millones de euros en subvenciones públicas–. Todos hablan de unas instalaciones en muy mal estado y corroídas. Solo uno veía posibilidad de que continuara la actividad, pero únicamente tras una inversión de un millón de euros para poder procesar restos del quinto contendor y de animales muertos. Otros técnicos calificaron este plan de viabilidad como «cuento de la lechera».

En último término, cayó por su propio peso la tesis de UPN de que fue el Ayuntamiento quien cerró la planta. Consta un acuerdo del consejo de la sociedad en el que deja claro que quienes tomaron la decisión fueron unos ganaderos que, hoy día, siguen teniendo el mismo problema con los purines.