Por este motivo, han anunciado las centrales ELA, LAB, Steilas, ESK, Hiru y Etxalde en un comunicado, han presentado un recurso contra dicha decisión de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales, en el que piden la suspensión cautelar de la orden porque los servicios mínimos planteados son excesivos y vulneran el derecho a la huelga de las trabajadoras que deseen secundar el paro.

Explican que la citada orden de servicios mínimos impone en los centros para menores, centros escolares y viviendas comunitarias «servicios mínimos equivalentes a un día festivo, cuando los fines de semana suele haber más gente trabajando que en los días de labor. Esto implica en la práctica que en estos centros nadie podrá hacer huelga».

Consideran que resulta «especialmente grave el cambio en los servicios mínimos fijados para las residencias de la tercera edad», donde «se ha fijado un 70% de personal, cuando hasta ahora en las huelgas de un día solía ser del 50% de la plantilla».

Critican que la orden incluya «las ludotecas entre los centros de intervención social, cuando no son un servicio esencial», y rechazan también que en las haurreskolas se imponga «a una persona del equipo de dirección y a un coordinador», cuando en estos centros «no hay personal de dirección».

Por ello consideran que esta orden de servicios mínimos supone «una grave vulneración del derecho a la huelga de todos estos colectivos y, teniendo en cuenta que estos colectivos están integrados mayoritariamente por trabajadoras, creemos que estamos ante un ataque directo contra el derecho a la huelga de las mujeres».