Manzanos resalta que «si no hubiera sido un preso vasco que por suerte cuenta con respaldo político, familiar y social, la administración carcelaria hubiera simplemente ocultado esta muerte, como ha hecho con miles de personas presas fallecidas en las cárceles durante los últimos treinta años».
 
«El suicidio en prisión –añade– no es sino la aplicación extrajudicial de la pena de muerte, puesto que es el resultado directo de la imposibilidad de soportar el sufrimiento ejercido por las condiciones de encarcelamiento a la que se somete a una persona presa».

En este sentido, el portavoz de Salhaketa remarca que Rey «cumplía condena lejos de su familia y de su lugar de residencia habitual. Vivía la preocupación por sus allegados ante el riesgo de accidentes en los viajes para las visitas, desde Iruñea a Cádiz. La longitud de la condena, y el largo tiempo en prisión, suponían un deterioro en su estado de salud. Las condiciones infrahumanas de encarcelamiento en España, continuamente denunciadas en y por instancias internacionales y sistemáticamente acalladas, suponían para él un sufrimiento añadido no contemplado por la ley».

«Evitar el genocidio carcelario debería ser un tema estelar en los ‘pactos de estado’ entre partidos políticos que se autodenominan democráticos. Sin embargo, en su construcción perversa de la realidad, estos tienen otras prioridades, como, por ejemplo, la unidad de la patria española», concluye Manzanos.