El viceconsejero de Sanidad de Lakua del PSE entre 2009 y 2012, Jesús María Fernández, ha afirmado que cree que «se puso en riesgo la salud, la atención sanitaria y la seguridad clínica» con los contratos que el anterior departamento de Sanidad, liderado por Gabriel Inclán (PNV), adjudicó a empresas del exjefe de Calidad del Hospital de Cruces José Carlos Margüello.

Se ha referido en concreto a la empresa Gestión de Servicios Sanitarios XXI, de la que Margüello era socio en un 1% y ha dicho que «intermediaba» entre la Sanidad pública y las clínicas privadas para aligerar las listas de espera.

Este formato sustituía a la concertación directa entre Osakidetza y las clínicas que se había practicado hasta entonces, y suponía un modelo de concertación que «nunca se había hecho antes, ni nunca se ha hecho después y que no está justificado».

Fernández ha declarado en la segunda sesión del juicio que se sigue en la Audiencia de Bizkaia contra Margüello, la considerada testaferro de sus empresas, María Nieves Fernández, el responsable territorial de Bizkaia en esa época, José Ramón Elorriaga, y el exviceconsejero de Sanidad Rafael Cerdán.

La Fiscalía les acusa de cometer irregularidades en estas adjudicaciones, que se llevaron a cabo en 2006, y pide 11 años de cárcel para los tres primeros y 6,5 años para Cerdán por los delitos de «prevaricación, malversación, fraudes ilegales contra la administración pública y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos».

En la vista oral de hoy estaba citado a declarar como testigo de la Fiscalía el consejero de Sanidad con el Gobierno de Patxi López, Rafael Bengoa, bajo cuyo mandato se evidenciaron esas supuestas prácticas, quien no ha acudido debido a que no había recibido la citación. Bengoa se encuentra de viaje hasta la próxima semana y el tribunal deberá decidir hoy sobre su citación.

Jesús María Fernández, quien también ha sido citado como testigo por la Fiscalía, ha explicado que, en concreto, el contrato con la empresa Gestión de Servicios Sanitarios XXI «supuso un riesgo para la seguridad clínica, la atención sanitaria y la salud, porque eran empresas que no tenían medios para desarrollar esa actividad».

«No se entiende, esa empresa no aportaba nada», ha dicho, y ha afirmado que resulta difícil cuantificar el perjuicio económico que supuso para la Administración de la CAV porque, aunque el servicio médico se prestó, algunas de las contrataciones se llevaron a cabo sin concurso ordinario, por lo que no se sabe lo que hubiera costado si se hubieran presentado otras empresas sanitarias.

Durante la sesión de la mañana también ha testificado el que fuera responsable de la Unidad Sanitaria de Bizkaia en 2006 Francisco Borja C.L., quien fue el encargado de tramitar el expediente de solicitud de funcionamiento presentado por Gestión de Servicios Sanitarios XXI y quien ha asegurado que esa empresa «no casaba» con las peticiones habituales, ya que no se trataba de una consulta médica.

«Consideré aquello no autorizable como servicio sanitario», ha dicho, y ha afirmado que debido a su posicionamiento mantuvo «conversaciones airadas con Elorriaga» y tuvo la sensación de que le «presionaba» para que diera su autorización.

También han testificado la jefa de Servicios Jurídicos de Osakidetza en 2010, cuando se emitió un dictámen a petición de Sanidad para anular la autorización de funcionamiento a Gestión de Servicios Sanitarios XXI y ha señalado que se decidió anularla porque «faltaba lo principal: la visita del inspector y el consiguiente levantamiento de acta».

El juicio ha aplazado las sesiones pendientes hasta el lunes de la semana que viene, y ha previsto otra sesión para el 27 de abril cuando se espera quede visto para sentencia.