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La Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria es un espacio en el que participan diferentes sindicatos, movimientos sociales, así como redes de economía social y solidaria que en su ILP plantean una serie de medidas concretas.
Se trata de cambiar la legislación para mejorar las políticas de ingresos mínimos garantizados, ligar la cuantía de la Renta Garantizada al SMI y mejorar su acceso, además de garantizar también el derecho a una vivienda digna.
Al respecto recuerdan en un comunicado que las instituciones de Nafarroa «tienen competencias para adoptar políticas que protejan a la ciudadanía en estas materias».
Por eso, la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria exige a quienes gobiernan que «pongan las instituciones al servicio de la mejora de la calidad de vida de la mayoría», ya que para hacerlo «solo hace falta voluntad política».
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