Solo hay una idea que tenga más fuerza que el exilio en el imaginario popular del catalanismo: el regreso del exilio. Francesc Macià volvió triunfante en 1931 para convertirse en el primer president de la Generalitat; Josep Tarradellas se dio un baño de masas en 1977, restableciendo la Generalitat antes de que se aprobase la Constitución española; y Carles Puigdemont dio la vuelta a las encuestas y se impuso en el seno del independentismo el pasado 21D con la promesa de volver a Catalunya en caso de victoria. El exilio conecta por vía directa con la memoria del país, y el regreso del destierro entronca con algunas de las páginas más épicas –y a menudo mitificadas– de la historia catalana.

Es la presencia de siete dirigentes políticos catalanes en el exilio –y la posibilidad, ahora lejana, de su regreso–, más incluso que el encarcelamiento de otros nueve, lo que conecta los graves días de la actualidad con la memoria colectiva catalana.

La avanzadilla se instaló entre el 29 y el 30 de octubre en Bruselas, donde se refugiaron el president, Carles Puigdemont, y los consellers Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Lluís Puig. Más de uno se tuvo que frotar los ojos y leer la noticia dos veces para asimilarla: en el siglo XXI, cinco cargos públicos escogidos democráticamente tomaban el camino del exilio en plena Unión Europea ante el riesgo, evidente y creíble, de ser encarcelados por su actividad política.

El eco internacional que obtuvo la noticia, y la decisión del juez del Supremo Pablo Llarena de retirar la euroorden ante la posibilidad de que los tribunales belgas rechazasen la extradición, revalorizaron la arriesgada opción del exilio. El cierre temporal del capítulo judicial, además, abrió toda una ventana de posibilidades en el plano europeo, rápidamente aprovechada por el propio Puigdemont, que no tardó en cruzar la frontera para viajar a Dinamarca, donde fue recibido por miembros del Parlament y participó en una conferencia académica.

El patrón se ha repetido desde entonces en Suiza –donde ya hay dos exiliadas, Anna Gabriel y, desde ayer, Marta Rovira– y en Finlandia. Un recibimiento por parte de diputados sensibilizados con el conflicto catalán, actos públicos en think tanks o ambientes académicos, expectación mediática y una agenda no pública sobre la que solo cabe especular.

Aunque con mucha menor expectación mediática y un perfil político más bajo, el esquema ha sido parecido en los viajes del resto de consellers. La más activa ha sido Ponsatí, que dejó el exilio belga para instalarse de nuevo en Edimburgo, en cuya universidad ocupa la cátedra de Economía. Desde allí se ha movido a Londres, a Austria y Alemania, en viajes de carácter sobre todo académico. El conseller Puig, por su parte, se ha movido sin problema alguno en los países cercanos a Bélgica, Holanda y Luxemburgo.

La batalla por la extradición. El riesgo evidente del exilio es el olvido de quienes siguen con su vida en el interior. Pocos se acordaban al final del franquismo de un Tarradellas que malvivía en el exilio en una Catalunya donde el antifranquismo era sinónimo de PSUC. La falta de un Govern en Catalunya, sin embargo, junto a las euroórdenes reeditadas el viernes por Llarena, han conjurado relativamente el peligro en el contexto actual. El riesgo persiste, pero mientras el frente judicial esté abierto, no habrá olvido.

Sobre todo teniendo en cuenta que el frente judicial no se limita a Bélgica, sino que se ha abierto a un total de tres países.

El trabajo para la maquinaria estatal se multiplica y, como ya se demostró en la primera tentativa de extradición, España no las tiene todas consigo. A los tribunales belgas, siempre cautelosos a la hora de extraditar a alguien, se suman ahora las euroórdenes emitidas a Finlandia, aunque ayer se supo que Puigdemont regresó a Bruselas, a Suiza –contra Rovira– y Gran Bretaña –contra Ponsatí–.

El exilio seguirá marcando con fuerza, de este modo, la actualidad catalana a medio plazo. Ante el bloqueo institucional, de hecho, será la batalla por la extradición, junto a la movilización social –que el viernes dio señales de reactivación– la que mantendrá la tensión política que el independentismo requiere para mantener sus constantes vitales.