La propuesta de resolución sobre la «liberación y garantía de los derechos políticos de los diputados procesados», registrada en el Parlament con la firma de Elsa Artadi (JxCat), Sergi Sabrià (ERC) y Carles Riera (CUP), reclama la «puesta en libertad inmediata» de las personas encarceladas.

JxCat, ERC y la CUP defienden en la resolución que Puigdemont y el rsto de candidatos «puedan ejercer sus derechos políticos», incluido «el derecho a someter a debate y votación plenaria su candidatura para ser investido presidente de la Generalitat».

Precisamente esta mañana, la portavoz de JxCat, Elsa Artadi, ha explicado que su grupo parlamentario busca ahora la fórmula para que Puigdemont, detenido ayer en Alemania, sea investido como presidente no «simbólico» sino «de verdad».

La resolución se votará esta misma semana en un pleno extraordinario que el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha convocado para el miércoles a las 10.00.

En la exposición de motivos, la propuesta presentada por las fuerzas independentistas recuerda que «corresponde en exclusiva al Parlament» la elección del presidente de la Generalitat.

El texto remarca que Puigdemont «se vio forzado a renunciar a su investidura» debido a las medidas cautelares adoptadas por el Tribunal Constitucional español para impedirlo.

Puigdemont propuso entonces investir a Jordi Sànchez, número dos de JxCat y todavía en prisión preventiva, que tampoco pudo acudir al debate de investidura que había convocado Torrent.

La propuesta destaca que el Comité de Derechos Humanos de la ONU «acordó admitir a trámite» el viernes un escrito de Sànchez y acordó como «medida cautelar» pedir al Estado español que «garantice» que el expresidente de la ANC pueda ejercer sus «derechos políticos».

«Estas actuaciones judiciales constituyen una clara vulneración de sus derechos fundamentales a la participación y la representación políticas y de las prerrogativas de este Parlament», añade.

JxCat, ERC y la CUP señalan que «los mismos criterios» que se apuntan en las «medidas cautelares» planteadas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en relación con Sànchez son «aplicables a todos los diputados» que se encuentran privados de libertad.

Asimismo, las fuerzas independentistas han pactado una segunda resolución «sobre el cumplimiento de las medidas cautelares acordadas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU para garantizar los derechos políticos del diputado» Jordi Sànchez.

En este sentido, proponen que el Parlament se comprometa a «adoptar todas las medidas necesarias para garantizar» que Sànchez «pueda ejercer sus derechos políticos», incluido el de ser investido president, y exija «al resto de poderes e instituciones del Estado español el cumplimiento efectivo de las medidas cautelares adoptadas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU».