El terremoto desatado por la detención del president Carles Puigdemont el domingo en Alemania sigue produciendo réplicas considerables. El dirigente catalán recibió ayer tres noticias que, si bien no solucionan su situación actual –se encuentra en la cárcel al considerar la juez alemana de primera instancia que existe un riesgo de fuga a Bélgica–, le abren una ventana a la esperanza.

En primer lugar, la misma juez que decidió mantenerlo en la cárcel –es la que lo interrogó el lunes–, escribió en su interlocutoria las siguientes palabras: «No cabe duda de que la orden de detención europea incluye indicios de que la extradición de la persona perseguida, después de la evaluación completa de las cuestiones judiciales, podría ser denegada». Una ventana abierta; una posibilidad en un escenario en el que el Estado español había dado por hecha la entrega. Eso sí, la decisión está en manos de un tribunal superior sobre la que esta juez no tiene ascendencia ninguna.

La segunda buena noticia vino del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que ayer admitió a trámite la demanda de Puigdemont contra el Estado español por la vulneración de sus derechos al prohibir su candidatura a la investidura tras haber sido legal y legítimamente elegido para president. No reclama ninguna medida cautelar al Estado español, como sí lo hizo con la demanda del segundo candidato, Jordi Sánchez, pero JxCat considera que es una razón más para que el Parlament invista cuanto antes a Puigdemont. Una demanda a la que ayer se sumó un grupo de intelectuales, activistas y exdirigentes políticos a través de un manifiesto. Entre ellos el exlíder de ERC Josep Lluís Carod-Rovira.

Aunque la posibilidad sigue siendo remota –ERC se opone–, la opción a dicha investidura sigue existiendo gracias a la –parcial– tercera buena noticia para Puigdemont: el juez Pablo Llarena admitió que él, Clara Ponsatí –que hoy se pone a disposición de la Fiscalía escocesa– y Lluís Puig se personen en la causa contra el 1-O.

La explicación: si un cargo público procesado por rebelión no recurre el auto de procesamiento, su suspensión de dicha responsabilidad pública –en este caso el acta de diputado– se realiza de forma automática. Algo que alguna información matutina anunciaba que ocurriría ayer mismo, cuando acababa el plazo para presentar un recurso que solo pueden poner aquellos que estén personados en la causa. La decisión de Llarena de admitir la personación de estos tres imputados –tras lo cual presentaron el pertinente recurso– hace que el auto de procesamiento no sea todavía firme para ellos y que, por tanto, la suspensión no sea efectiva. Resumen: desde la cárcel de Neumünster, Carles Puigdemont sigue siendo diputado del Parlament también bajo la legalidad española. El siguiente capítulo de su –ahora mismo– improbable investidura se jugará hoy en el Parlament.

Puigdemont, cuyos cuatro acompañantes –dos de ellos mossos– en el coche interceptado en Alemania están siendo investigados por la Fiscalía de la Audiencia Nacional española, aseguró por boca de su abogado, que está dispuesto a «soportar lo que haga falta» mientras se resuelve el expediente de extradición.

El frente amplio y los CDR, la movilización social se diversifica

El domingo dos movilizaciones dieron respuesta en Barcelona a la detención de Carles Puigdemont. Una, masiva, convocada por la ANC, se dirigió al consulado alemán. Otra, menos multitudinaria pero muy numerosa, llamada por los Comités de Defensa de la República (CDR), se concentró ante la Delegación del Gobierno español. No son incompatibles, pero de su convivencia y complementariedad depende el futuro de la movilización independentista.

La primera, ANC, apuesta por construir un frente amplio, para lo que ha articulado el Espacio Democracia y Convivencia, en el que participan, junto a la ANC y Òmnium, los sindicatos mayoritarios en Catalunya –CCOO y UGT– y varias entidades cívicas. El objetivo: ampliar el paraguas bajo el que denunciar la vulneración de derechos y reclamar la puesta en libertad de los presos políticos. Ya han convocado una manifestación para el 15 de abril.

Los segundos, CDR, abogan, desde la acción no violenta basada en la desobediencia civil, por una confrontación más directa. Ayer dieron muestra de su capacidad de incidencia con movilizaciones que se multiplicaron durante 12 horas y que cortaron arterias vitales como la AP-7 en varios puntos o la A2 y obligaron a los Mossos a blindar la estación de Sants. No dejen de leer, en las siguientes páginas, el reportaje de Àlex Romaguera sobre unos CDR que van más allá de las acciones de los últimos días y que darán qué hablar.B.Z.