Según han informado fuentes del ministerio público, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Arenys de Mar (Barcelona) ha acordado admitir a trámite la querella interpuesta por el fiscal de Delitos de Odio y Discriminación de Barcelona contra los concejales, a los que acusa de «coacciones» por presuntamente pedir a la dirección de una cadena hotelera, «prevaliéndose de la autoridad que representaban», la expulsión de policías españoles el día 2 de octubre.

Concretamente, la querella se dirige contra Carme Aragonés, primera teniente de alcalde; Jordi Masnou, segundo teniente de alcalde y coordinador de Territorio; Silvia Biosca, tercera teniente de alcalde de Comunicación –los tres del PSC–; Mónica Palacín, concejal de ERC en la oposición; y Carles Santecreu, jefe de la Policía Local de Pineda de Mar.

Alrededor de millar de policías españoles se alojaron en dos hoteles de la cadena Checkin de Pineda de Mar desde finales del pasado mes de setiembre y abandonaron esos establecimientos el día 3 de octubre, después de las concentraciones que se organizaron a sus puertas en protesta por la actuación de las FSE contra el referéndum del 1-O.

Según la Fiscalía, que encargó a la propia Policía española investigar los hechos, los querellados acudieron la noche del 2 de octubre al hotel Checkin Mont Palau de Pineda «con el firme propósito de conminar a la dirección de la cadena hotelera, prevaliéndose de la autoridad que representaban, para lograr la expulsión de los funcionarios de Policía que permanecían albergados en sus hoteles».

Ante las reticencias del gerente a las que se hace alusión, la Fiscalía asegura que los querellados incrementaron «su inadmisible presión» sobre el encargado y se le habría advertido de que «si no echaba a los policías le iba a cerrar el hotel al día siguiente» por un período de cinco años.

El gerente de la cadena de hoteles, «impulsado por el temor a posibles y creíbles represalias», redactó una carta en la que comunicaba que se veía obligado a desalojar a los agentes de la Policía española el 3 de octubre, siempre según la querella de la Fiscalía.