La declaración, que ha sido aprobada con los votos favorables de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E y el rechazo de UPN, PSN y PP, destaca que desde que se registraron los hechos de Altsasu «se ha extendido en la sociedad, dentro y fuera de Navarra, una honda preocupación por la desproporción que ha ido adquiriendo la instrucción judicial que se sigue contra estos ocho jóvenes».

Además, destaca que «este proceso ha estado plagado de episodios denunciados públicamente por el conjunto de abogados y los jóvenes encausados que se han considerado inmersos en una grave indefensión y que han considerado vulnerados derechos como la presunción de inocencia, el derecho al juez natual e imparcial y el propio de la defensa».

Por ello, llaman a acudir a la manifestación «con el objeto de demostrar un compromiso por los derechos humanos, las libertades y las garantías democráticas», tal y como ya han hecho los ayuntamientos de Iruñea, Erroibar, Zendea de Oltza, Orbaitzetam Bera, la Junta de Aezkoa, Antsoain, Zangoza, Doneztebe, Deierri, Orbara, Tafalla, Gares, Baztan, Olatzagutia y Sartaguda, entre otros.

Todos los portavoces del cuatripartito han destacado que los jóvenes de Altsasu no deberían estar en prisión y que este caso se ha caracterizado por la desproporcionalidad. Frente a ellos, María Chivite (PSN) ha subrayado que «no fue una pelea de bar, sino que se les agredió por ser guardias civiles», Ana Beltrán (PP) ha calificado de gravísimo que «no se respete la separación de poderes» y Javier Esparza (UPN) ha rechazado que «haya una manifestación para presionar a los jueces. Ya sabemos que aquí es EH Bildu quien corta el bacalao». Minutos antes había acusado al Gobierno navarro de actuar al dictado del PNV y del lehendakari Iñigo Urkullu al denunciar «la imposición de la agenda nacionalista».