Oiarbide ha indicado que los servicios jurídicos de la institución foral ya están trabajando en el recurso de casación que interpondrá ante el Tribunal Supremo y ha argumentado que, antes de dar el paso de implantar el sistema AT, la Diputación realizó «un estudio exhaustivo» para asegurar la legalidad del peaje y que, tras enviarlo a la Comisión Europea, esta ofreció su «aval jurídico».
 
«El sistema cuenta con las garantías jurídicas exigidas por la legislación europea y, además, su implantación ha contado con el apoyo político, sin oposición alguna, de las formaciones presentes en las Juntas Generales de Gipuzkoa, que, sin votos en contra, apoyaron la norma foral que regula el sistema AT», ha expresado.

La diputada ha manifestado que el sistema de peajes para camiones en marcha desde el 9 de enero seguirá funcionando «a todos los efectos», por lo que el cobro del canon no sufrirá variación alguna como consecuencia de esta decisión judicial.