Según ha informado la Fiscalía Superior de Catalunya en un comunicado, el ministerio público ha decidido continuar con la práctica de diligencias para determinar la eventual responsabilidad de los alcaldes en «la cesión de los locales o edificios de titularidad municipal efectivamente dispuestos y abiertos al público como centros de votación».

Fuentes fiscales han precisado que en la reunión de hoy en la Fiscalía Superior en la que se han reunido los fiscales jefe de Catalunya se ha analizado el estado de la tramitación de los procedimientos, que se seguirán por presuntos delitos como «desobediencia», «malversación» y «prevaricación» y por los que se ha pedido más documentación a los consistorios.

En setiembre de 2017, la Fiscalía General del Estado pidió a los fiscales jefes de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona que abrieran investigaciones contra 712 alcaldes catalanes por su colaboración en la preparación del referéndum de independencia del 1 de octubre tras haber firmado un decreto de apoyo a la consulta.

Tras más de seis meses de investigación, la Fiscalía pidió una prórroga de seis meses más para seguir con las diligencias de investigación, por lo que tienen de plazo hasta finales de setiembre de este año para concluir las pesquisas y decidir si se presenta denuncia en los juzgados correspondientes.

Tras abrir diligencias, las fiscalías provinciales citaron a una cincuentena de alcaldes y ahora se prosiguen los procedimientos para parte de este grupo de ediles, aunque no han concretado la cifra. Así, se hizo una primera criba y se archivaron las diligencias contra muchos de los alcaldes.