Lesmes asume que todas las decisiones judiciales están sometidas a la crítica pública y en este caso, como en todos, debe respetarse el derecho a la libertad de expresión.

Pero advierte de que si esas críticas llegan de personas con responsabilidades públicas pueden «comprometer gravemente la confianza que nuestro sistema de justicia merece de los ciudadanos, debiendo recordarse que es nuestra Constitución la que establece una justicia impartida por jueces y magistrados profesionales, independientes e imparciales».

El presidente del Supremo y del CGPJ defiende que el tribunal ha valorado «minuciosamente» todos los elementos de prueba aportados por las partes «de acuerdo con lo establecido en la ley y de conformidad con la jurisprudencia que resulta de aplicación, siendo éstos los únicos criterios a los que están sometidos los jueces» sin perjuicio de las posibles discrepancias que puedan existir sobre la calificación jurídica de esos hechos.

Estas discrepancias sobre el delito «pueden y deben hacerse valer a través del sistema de recursos establecido en nuestro ordenamiento jurídico», añade, y remarca que «son los jueces y magistrados el más importante baluarte para la protección y defensa de todas las víctimas».