El Tribunal Supremo español insiste en el documento que enviará al Tribunal Superior de Schleswig-Holstein en que los hechos ocurridos durante el procés independentista –con especial referencia a la concentración junto a la Conselleria d’Economia, el 20 y 21 de setiembre pasado, y los del referéndum del 1-O– fueron constitutivos de los delitos de rebelión y malversación de caudales públicos, delitos que atribuye al expresident de Catalunya Carles Puigdemont.

En su respuesta por escrito, ya preparada y desvelada ayer por el diario catalán “La Vanguardia”, el Supremo pide a los jueces alemanes que no entren a valorar el fondo del asunto ni busquen coincidencias entre el Código Penal español y el alemán, y que sólo valoren si la actuación del Govern sería delictiva en Alemania y si tendría algún tipo de respuesta penal por parte de la Justicia.

La respuesta del Supremo a la petición de información complementaria realizada por el tribunal alemán, que deberá decidir sobre la euroorden cursada contra Carles Puigdemont, evidencia que el objetivo de las autoridades españoles es conseguir la entrega del expresident con las menores limitaciones posibles.

El documento del Tribunal Supremo justifica el delito de rebelión contra Carles Puigdemont y afirma que la implicación del president destituido por la aplicación del artículo 155 en los hechos considerados delictivos «fue máxima, porque era la persona que, por el que cargo que ocupaba, tenía plena responsabilidad sobre el curso y la dirección de los acontecimientos».

Desde el inicio del procés

Asimismo, el Supremo insiste en que la acusación de rebelión no se circunscribe a lo que pasó el día del referéndum y a los enfrentamientos en los colegios electorales, sino en lo que pasó desde el inicio del proceso soberanista, «con reiteradas desobediencias a las resoluciones del Tribunal Constitucional».

El texto presta especial atención a las tramitación en el Parlament de la ley del Referéndum y la de Transitoriedad Jurídica, anuladas luego por el propio Constitucional. El Supremo señala que estas iniciativas preveían la convocatoria y celebración de un referéndum que no tenía el consentimiento del Gobierno español y también la posibilidad de declarar la secesión del territorio.

Basta con el compromiso

Paralelamente, un segundo informe del Tribunal Supremo español –más breve– se dedica íntegramente a justificar la supuesta existencia de un delito de malversación. Este documento considera que tanto los gastos que se estiman efectivamente realizadas como los pagos comprometidos integran esta figura delictiva.

La tesis del Supremo es que para imputar el delito de malversación «no es condición inexcusable que se haya producido el desembolso, sino que es bastante que se haya adquirido el compromiso con la empresa o la entidad prestataria del servicio». Por lo tanto, se considera que si hay suministros que no se han pagado, pero fueron contratados, el hecho sigue siendo perseguible.

No obstante, el informe señala que hay constancia de pagos acreditados, como campañas publicitarias, sobres para las papeletas y gastos de Diplocat relacionados con los observadores internacionales, recoge el diario “La Vanguardia”.

La exconsellera Bassa ve peligrar la democracia

ERC demandó ayer en un acto político la libertad de la exconsellera de Trabajo Dolors Bassa, quien en una carta desde prisión denuncia que «la democracia y el Estado de derecho están en peligro en Catalunya y en España».

El acto en apoyo de Bassa, que antes de entrar en el Govern fue secretaria general de UGT en Girona, reunió en Barcelona a los principales líderes de ERC, que aprovechó el Primero de Mayo para subrayar que se trata de un Día del Trabajo diferente a otros al estar la exconsellera en prisión preventiva en Alcalá Meco desde el 23 de marzo.

En una carta enviada desde la cárcel y leída por su hijo Pau, Bassa asegura que está en prisión por segunda vez «por haber cumplido junto con los otros miembros del Govern el mandato del pueblo de Catalunya de celebrar un referéndum». Tras denunciar que «los derechos políticos están en peligro, pero también los derechos civiles, los sociales y también los laborales», Bassa llama a seguir manifestándose, a defender el trabajo digno y a luchar contra la precariedad, entre otras causas.GARA