El director de Lanbide, Borja Belandia, mostró este lunes su confianza en que la reforma de la Ley de Garantía de Ingresos cuente con «el máximo espíritu de consenso». En concreto, se mostró confiado en que «se puedan recoger las aportaciones» de la oposición de tal forma que la propuesta de PNV-PSE «pueda ser mejorada». A la vista de las propuestas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios, que difieren en los requisitos y en la cobertura que debe ofrecer la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), el consenso se antoja algo difícil.

Los partidos que sustentan al Gobierno, PNV y PSE, presentaron la semana pasada una propuesta en la que abogan por establecer con carácter general la concesión de una prestación por cada domicilio, con independencia de la vinculación familiar o no entre los residentes. Además, plantean crear una Renta Garantizada para Pensionistas (RGP) con una cuantía máxima de 784,88 euros.

EH Bildu, por su parte, tiene como objetivo revertir los recortes y ampliar la cobertura de la RGI. Eso implica dejar sin efecto el tijeretazo del 7% aplicado en el año 2012; volver a situar el tiempo mínimo de empadronamiento en un año; establecer la edad mínima para recibir la prestación en los 18 años; y tomar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como referencia para actualizar la cuantía de las prestaciones.

Esta última medida es compartida por los parlamentarios de Elkarrekin Podemos, que apuestan por desvincular la RGI de la búsqueda activa de empleo. Además, proponen incrementar la cuantía y modificar los requisitos de acceso con el fin de que esta prestación social llegue a las más de 59.000 personas en situación de pobreza que en la actualidad no pueden acceder a ella.

En el lado contrario de la balanza se sitúa el PP, que, por boca de la parlamentaria Laura Garrido, insistió en que «Lanbide sigue siendo una herramienta inservible y la RGI es un chorreo constante de irregularidades, abusos, fraude y mala gestión».

Cabe recordar que la pasada legislatura el exalcalde de Gasteiz, Javier Maroto, apoyó una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por la plataforma Ayudas+Justas, que reclamaba un endurecimiento de la normativa vigente.