Según han informado la Policía española y la Agencia Tributaria (AEAT) en una rueda de prensa conjunta, del total defraudado 45 millones afectan a las arcas públicas estatales, donde es han realizado 62 entradas y registros, además de otros 39 en diferentes puntos de Europa.

La organización llegó a emitir facturas falsas por importe de 250 millones a través de un entramado formado por más de un centenar de sociedades mercantiles, en su mayoría ficticias o a nombre de testaferros asentadas en el Estado español, Hungría, Alemania, Italia, Rumanía, Bulgaria, Bélgica, Estados Unidos, Portugal y Chipre.

Los detenidos estaban especializados en la defraudación del IVA procedente de la venta de dispositivos electrónicos (auténticos y falsificados) que se destinaban al consumo a precios anormalmente reducidos a costa del impago de ese impuesto.