Javier de Andrés, delegado del Gobierno español en la CAV, ha firmado en Gasteiz un acuerdo de cesión de documentos al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y se ha referido a la reunión del Pacto Antiterrorista que el Gobierno del PP espera celebrar esta semana con el resto de partidos para analizar la situación generada tras el final de ETA.

El delegado ha explicado que el objetivo de este encuentro es tratar de buscar puntos de encuentro sobre la forma de afrontar este nuevo contexto. De Andrés ha precisado que, en todo caso, este es un debate que se abordará «con la mirada puesta en las víctimas del terrorismo» y «desde los valores del Estado de Derecho».

De Andrés ha explicado que el Gobierno español «escuchará y atenderá» los planteamientos que le puedan trasladar los partidos políticos que acudan a la reunión del Pacto Antiterrorista, entre ellos, los referidos a posibles cambios en la política penitenciaria que se aplica a los presos políticos vascos.

No obstante, ha recordado que la «responsabilidad» sobre esta materia recae en el Ejecutivo y en los jueces de vigilancia penitenciaria, por lo que el gabinete de Mariano Rajoy «no se la puede ceder a terceros». De Andrés ha recordado que en materia de política penitenciaria existen posiciones «contrapuestas» entre unos y otros partidos. En todo caso, ha subrayado que el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ya ha dejado «claro» que no se adoptará ninguna medida «excepcional».

En este sentido, ha destacado que «ha habido oportunidades en el pasado» para que los presos que cumplieran los requisitos exigidos se pudieran acoger a las vías legales para su reinserción, y que estas posibilidades se mantendrán «en el futuro». Sin embargo, ha reiterado que todo ello está supeditado a que «reconozcan el daño causado».

Además, ha explicado que la situación de cada preso se analizará de forma «individualizada», y que no se aplicarán modificaciones «colectivas» en el tratamiento penitenciario de estos presos. «No habrá excepcionalidad en el procedimiento de reinserción penitenciario», ha subrayado.

De Andrés también se ha referido al caso concreto de la política de dispersión y alejamiento, de la que ha destacado que se adoptó en su día «para evitar que ETA mantuviera un control jerárquico sobre sus presos en el interior de las propias cárceles». El delegado del Gobierno español en la CAV ha explicado que habrá que esperar a comprobar si, tras la disolución de ETA, «esa labor de control desaparece» o si, por el contrario, «se traslada al EPPK, con el fin de que sea este el que sigue dirigiendo jerárquicamente a estos presos».