El juez Llarena considera que Borrás, Mundó y Vila también eludieron los requerimientos del tribunal de garantías al aprobar el decreto que regulaba la convocatoria del referéndum. Además, en su auto de procesamiento, señala que estos consellers autorizaron a sus departamentos las acciones y contrataciones necesaria para hacer posible la celebración de la consulta, así como la disposición de fondos públicos destinados para otros fines.

Con respecto a Boya, el magistrado del Tribunal Supremo dice que se saltó las decisiones del Tribunal Constitucional al registrar en el Parlament la proposición de Ley de Transitoriedad Nacional y fundacional de la República, «que perseguía la desconexión de Catalunya, y presentar la del Referéndum».

Llarena ha confirmado su procesamiento a Borrás, Mundó y Vila por «malversación y desobediencia» y los han rechazado, sin querer hacer ninguna otra declaración ante el juez.

Mireia Boya, por su parte, ha manifestado ante el juez que el derecho a la autodeterminación está por encima de la indisoluble unidad del Estado español y que no debería existir el delito de desobediencia. Boya ha señalado además al juez que no recibió apercibimiento del Tribunal Constitucional de que había suspendido las llamadas leyes de desconexión y que, por tanto, no puede acusársele de desobediencia.

Vila ha confirmado su desacuerdo a la prensa: «El trámite ha sido muy rápido, hemos confirmado nuestro desacuerdo con el auto de procesamiento, nos hemos remitido a lo que declaramos en su momento, yo en la Audiencia Nacional ya atendí a todas las preguntas. Como nada ha cambiado, no tenemos mas que añadir».  Además, ha confirmado que recurrirá contra el procesamiento y ha subrayado la convicción de que «ni yo, ni ningún miembro del Govern, gastamos ni un solo euro de dinero público. En consecuencia, la acusación de malversación estoy convencido de que se va a demostrar que es infundada».

Borrás y Mundó fueron encarcelados el pasado 2 de noviembre por orden de la juez de la Audiencia Nacional que entonces instruía la causa, Carmen Lamela, junto con el resto de miembros del Govern y después de un mes en ella pagaron 100.000 euros para poder quedar en libertad.

Vila, encarcelado el mismo día, sólo pasó una noche en el centro penitenciario y salió al día siguiente tras hacer efectivos los 50.000 euros que se solicitaron en su caso. En cuanto a Mireia Boya, el juez no acordó ninguna medida cautelar contra ella tras tomarle declaración como investigada.

Este lunes pasaron por el despacho de Llarena los que fueran miembros de la Mesa del Parlament Lluís Guinó, Lluís Corominas, Anna Simó y Joan Josep Nuet, todos ellos procesados por el delito de «desobediencia». La también exparlamentaria Ramona Barrufet ha alegado problemas médicos y cumplirá este trámite por videoconferencia desde los juzgados de Lleida el próximo 21 de mayo.