La modificación, propuesta por todos los grupos, viene a dar respuesta normativa a la declaración de inconstitucionalidad de una de las leyes de la Compilación del Derecho Civil Foral de Nafarroa, al no resultar compatible con sendos artículos de la Constitución española relativos a la investigación de la paternidad y el derecho a la tutela judicial efectiva.

En abril de 2017, el Tribunal Constitucional español declaró la inconstitucionalidad de uno de los artículos del Código Civil navarro y otorgaba un año de plazo para «acomodarlo» a los dictados constitucionales.

Así, se emplazaba a habilitar a los progenitores para interponer la demanda de maternidad y paternidad de los hijos fuera del matrimonio, «potestad que el Derecho Civil de Navarra sólo reconocía a favor del hijo».

A tal fin, la ley capacita al padre y a la madre para declarar la filiación no matrimonial, «requiriendo el previo reconocimiento en aquellos supuestos en que la filiación no estuviera aún determinada, el cual se amplía al del hijo ya fallecido -hasta ahora no contemplado en ningún caso-, cuando éste no dejara descendientes».

Además, se reconoce capacidad de refutación a favor de la persona reconocida durante su minoría de edad o mientras tuviera suspendida su capacidad judicial, así como a los descendientes de la persona reconocida una vez fallecida.

La oposición a dicho reconocimiento deberá fundarse en el «superior interés de la persona reconocida», circunstancia que deberá formalizarse en el plazo de un año por los trámites de la jurisdicción voluntaria.

También se reconoce la impugnación de la paternidad del marido a favor de la madre, «siempre en interés del hijo, y el desconocimiento de la paternidad biológica».

Finalmente, se dispone que el hijo podrá realizar dicha reclamación durante toda su vida, y se establecen recursos «para impedir el empleo abusivo de dicha vía».

Juan Luis Sánchez de Muniáin, UPN, ha indicado que esta es una modificación «puntual» realizada «por mandato del Tribunal Constitucional», y la parlamentaria de EH Bildu Arantxa Izurdiaga, que ha considerado que esta es una reforma «importante y de mucho calado», ha advertido que «no tiene por qué ser la definitiva».

Por parte de Podemos-Ahal Dugu, Laura Pérez ha mostrado «muchas dudas» ante la proposición, que a su juicio adolece de «algunas lagunas». Tras denunciar que la norma contiene un «claro sesgo machista», ha pedido que «todas las leyes pasen por el Instituto de Igualdad, para que haga su análisis en cuanto al impacto de género que éstas pudieran tener».

«Estaremos cumpliendo con el cometido legal del Tribunal Constitucional, pero si no se atiende a la especificad de nuestro derecho propio, tal vez ello se esté haciendo en detrimento de los derechos de la mujer», ha lamentado.

También Inma Jurío, PSN, ha destacado que la norma obedece a un emplazamiento del Tribunal Constitucional español, y ha indicado que lo que ha de prevalecer en todo momento es la protección del «interés superior del menor».

En la misma línea, Javier García, PP, ha apuntado que esta reforma es un «mero trámite que parte de un mandato» del Constitucional.

Por su parte, José Miguel Nuin, I-E, ha considerado que la legislación propuesta sí que «respeta los principios fundamentales de los derechos de la mujer». «Si tuviésemos conocimiento de que esto no se respeta, por mucho que hubiese un plazo y una sentencia del Tribunal Constitucional no daríamos el voto a favor porque es algo es muy serio y muy grave», ha asegurado.