Como hiciera ayer con su propuesta para actualizar el Código Penal con el fin de «adecuar» el delito de rebelión al escenario catalán, Sánchez se ha mostrado abierto a apoyar una regulación específica de la toma de posesión de los altos cargos que presente el Gobierno español, a elaborarla de forma conjunta con el Ejecutivo o, si el PP no quisiera llevar la iniciativa, a que sea el PSOE el que la registre en el Congreso de los Diputados.

En declaraciones a Antena 3, Sánchez ha denunciado el carácter «excluyente» y «desleal» que, a su juicio, tiene el acto de toma de posesión de Quim Torra como president de la Generalitat, un hecho que debería llevar a la reflexión al resto de formaciones políticas. Cree que, bien reformando la ley electoral (LOREG), la de altos cargos o incluso redactando una nueva norma ad hoc, podría regularse de forma concreta «cómo y ante quién» debe ejercerse la toma de posesión de los representantes institucionales.

 Más que austero, el acto de hoy va a ser un acto excluyente. Podríamos cambiar la LOREG o la ley de altos cargos o hacer una nueva regulación para que las tomas de posesión sean de una forma concreta. @sanchezcastejon
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— PSOE (@PSOE) 2018(e)ko maiatzaren 17(a)

El objetivo es que «el presidente de la Generalitat, o el alcalde o concejal o consejero de cualquier Gobierno autonómico lo que haga sea acatar» su cargo «conforme a una regulación concreta», ha explicado.

«Las innovaciones las pueden hacer los políticos en otros momentos», pero al tomar posesión, a juicio de Sánchez, lo que tienen que hacer es «acatar la Constitución», respetando «al jefe del Estado, a la monarquía parlamentaria», ha incidido.

Con respecto a la iniciativa que adelantó el miércoles Sánchez para «actualizar» el delito de rebelión, ha precisado que el PSOE va a hablar con el ministro español de Justicia, Rafael Catalá, sobre este asunto. Bajo el punto de vista de Sánchez, sería preciso que el Código Penal acogiera «distintas formas de entender el delito de rebelión, con un agravante, que es precisamente los altercados públicos».

«Pero si no hay altercados públicos, lógicamente eso no significa que no puede haber un delito de rebelión, como sí que se produjo», a su entender, con la tramitación de las leyes de desconexión catalanas los pasados 6 y 7 de setiembre y con el referéndum del 1 de octubre.

Preguntado por la decisión de la Justicia belga de rechazar la petición de entrega a las autoridades españolas de los consellers exiliados Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig, Sánchez cree que demuestra «la falta de cooperación judicial europea».

«A mí no me ha gustado lo que ha hecho en este caso el poder judicial en Bélgica y creo que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, sedición en España y, en consecuencia, debería ser extraditados», ha aseverado.

Precisamente por estas dudas que existen en torno a estos delitos, Sánchez promueve una «mejor tipificación» de los mismos e incluso defiende abrir el debate sobre el funcionamiento de las euroórdenes.