El Supremo rechaza excarcelarles en consonancia con lo señalado tanto por la Fiscalía como por la Abogacía del Estado y Vox –formación personada como acusación popular– en la vista celebrada el pasado 9 de mayo.

Los magistrados estiman que «existe riesgo de reiteración delictiva y de fuga, éste último derivado de los indicios de delito contra ellos que han determinado su procesamiento», por lo que ratifican la situación de prisión de todos ellos.

Dicen también que, en este momento procesal, y dados los datos disponibles, existen «razones serias» para mantener que los hechos «pueden ser constitutivos de un delito de rebelión», pero, en su defecto, no puede descartarse su calificación como «delito de sedición».

«No existen precedentes conocidos en la reciente historia europea de que, en un estado democrático, los miembros del gobierno de una Comunidad Autónoma (o de un Estado federado), que en ese sistema democrático goza de un régimen amplísimo de autogobierno, junto con miembros del Parlamento y apoyados por asociaciones ciudadanas, instrumentando y aprovechando todos ellos el poder de presión de la movilización popular, se hayan alzado contra la Constitución del Estado, contra la ley que asegura y regula su autonomía y contra el resto del ordenamiento jurídico que se oponga a sus pretensiones», señala el auto.

Exiliados en la UE

Los magistrados apuntan que hay otros investigados en la causa que permanecen en países de la UE «a pesar de ser reclamados por autoridades judiciales españolas por delitos muy graves, que incluso podrían afectar, en caso de que los procesados alcanzaran sus objetivos, a la propia estructura política y a los valores de la Unión».

El auto agrega que «en estas circunstancias, la posibilidad de que los recurrentes consideren una opción atendible la huida de la acción de la Justicia española (…) se incrementa, y debe ser evitada para asegurar la tramitación adecuada del proceso».

En cuanto al riesgo de reiteración delictiva, la Sala indica que «no existen indicios de que se haya abandonado de forma clara y definitiva la idea de forzar la colisión con el Estado con la finalidad de declarar la independencia, e imponerla por vías de hecho con el concurso de la movilización popular y, consiguientemente, con la alta probabilidad de enfrentamiento físico con los agentes que actúan para asegurar el cumplimiento de la ley».