Así lo han escenificado los portavoces de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E, quienes han acompañado en conferencia de prensa al vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, quien ha presentado la reforma como «un avance social importante tras diez años sin reformas de calado».

«Más derechos, más y mejores servicios y más flexibilidad en la concesión» de los mismos, ha resumido el consejero sobre el resultado del borrador de Decreto foral que regulará los servicios que la Administración presta a la ciudadanía en materia de dependencia, inclusión social, menores, enfermedad mental y personas víctimas de violencia de género.

Las modificaciones más relevantes están en el contenido, de forma que prestaciones no garantizadas antes ahora lo serán, como el servicio de orientación familiar, mediación familiar, punto de encuentro familiar y centro de día de menores.

Además se incluyen ocho nuevas prestaciones y servicios, todos garantizados, principalmente en los ámbitos de la dependencia y la inclusión social o la protección a víctimas de violencia de género y menores, como el Servicio de Productos de apoyo, la oficina de vida independiente, o los servicios de autonomía personal.

Destacan especialmente el Servicio de productos de apoyo; la oficina de vida independiente; los servicios de promoción de la autonomía personal y prevención de las situaciones de dependencia; un servicio de intervención familiar para personas con discapacidad; una ayuda económica de libre disposición, para personas sin recursos económicos que ingresan en un centro residencial; y una ayuda de apoyo a la integración para personas con enfermedad mental.

En el ámbito de menores se añade el servicio de acogimiento residencial especializado, un servicio de acogimiento familiar de fines de semana y vacaciones, y un servicio de apoyo a madres adolescentes en situación de desamparo.

Además, se regulan las ayudas asociadas a todos los tipos de acogimiento familiar, incluyendo las familias de urgencia y las familias extensas. En el área de atención a personas víctimas de violencia de género, se añade un servicio de acogida para víctimas de trata.

Otras once prestaciones que hasta ahora no figuraban en la Cartera pasan a formar parte, aunque con la característica de no garantizadas por la administración, y son, principalmente, servicios y prestaciones económicas para viviendas con diferentes grados de apoyo que permitan una vida autónoma a personas con discapacidad.

Además, se garantiza el derecho a las prestaciones no sólo por el grado de dependencia o reconocimiento de discapacidad, sino por la necesidad presentada.

Es el caso de los servicios para personas con enfermedad mental, para los que desaparecen las exigencias de discapacidad o dependencia, y se facilita el acceso a través de los informes pertinentes, lo mismo que ocurre para el acceso a plazas residenciales psicogeriátricas.

También se garantiza el servicio de teleasistencia (antes servicio telefónico de emergencia) de forma universal, por razones de necesidad.
Desaparece además la limitación de los 65 años para el acceso a algunos servicios (de discapacidad y enfermedad mental), siendo la valoración de las necesidades la que justifica el recurso idóneo para una persona.

El catálogo de servicios sociales también aportará cambios en su estructura, con novedades en las áreas de atención a la dependencia, personas mayores, personas con discapacidad, personas con enfermedad mental y en la atención a menores.

La formulación del nuevo decreto foral en fase de elaboración recoge varias adecuaciones del lenguaje, como la sustitución del término minusvalía por el de discapacidad, siguiendo las recomendaciones actuales.

En el área de Inclusión y protección social se realizado modificaciones en la mayor parte de sus servicios, pues se modifican 17 de los 27 servicios y prestaciones, se mantienen nueve y una de ellas se ha incorporado a otra prestación. Se trata de las ayudas económicas para gastos de libre disposición a personas que reciben tratamiento en comunidades terapéuticas que pasa a formar parte de la prestación de ayudas extraordinarias de inclusión social.

Se han incorporado a la Cartera dos servicios nuevos como garantizados, el de Servicio de Atención y Asesoramiento en materia de extranjería para personas migrantes y el Servicio de Mediación Comunitaria Intercultural.

Entre las modificaciones más significativas se señala la del Servicio de Atención domiciliaria municipal en el Programa de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia.

Las novedades han sido valoradas por el cuatripartito, al considerarlas «una prueba de que el Gobierno sigue cambiando cosas» de forma «relevante en el ámbito social de Navarra», según Isabel Aranburu (Geroa Bai), y un «avance en el aumento de derechos y en la atención acorde a las necesidades individuales de las personas», ha dicho Asun Fernandez de Garaialde (EH Bildu).

Para Mikel Buil (Podemos) el borrador recoge el «avance legislativo de las fuerzas del cambio hacia el derecho» de las personas «y no en la perspectiva caritativa que era de la que veníamos», ha dicho mientras que José Miguel Nuin (I-E) ha expresado su «valoración positiva y satisfacción» por entenderlo un paso adelante y una «mejora sustancial».