Tras la sesión semanal de la Mesa y Junta de Portavoces, Javier Esparza, UPN, ha apelado a la presidenta Uxue Barkos para que desvele ya qué votará cuando se debata en el pleno la proposición para reducir de dos a una las horas lectivas semanales de religión.

«La presidenta es la que va a decidir si se van a reducir o no», ha dicho, y recordado que UPN con 15 parlamentarios y PP con dos son contrarios a la medida porque defienden la «libertad de los padres», por lo que dependerá de los nueve votos de Geroa Bai que se apruebe o no ya que EH Bildu, Podemos, PSN e I-E apoyan la medida.

Sin desvelar qué votarán, de momento hoy el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha asegurado que su coalición y la presidenta defienden una escuela laica, pero la legislación básica del Estado establece la obligatoriedad de impartir de una a tres horas semanales y por lo tanto consideran que cualquier iniciativa que se quiera plantear debería llevarse al Congreso español.

«Reducir de dos a una no hace mas laico», ha afirmado, al tiempo que admitía, como le recuerdan sus socios en el cuatripartito, que «los acuerdos están para cumplirlos», pero esta es una «coletilla de ultima hora» en el pacto presupuestario de 2017 que «tiene implicaciones laborales y políticas», por lo que a juicio de Geroa Bai es un asunto que no se puede decidir «a bote pronto».

Por el contrario Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha recordado que no solo el cuatripartito se posicionó a favor de reducir las horas lectivas de religión en ese acuerdo presupuestario sino que el Parlamento ya ha aprobado una moción instando al Gobierno a hacerlo.

Ahora, ha precisado, «el Gobierno trata de justificar su postura por razón de oportunidad política y eso no es de recibo», y aunque firmar algo y no cumplirlo es «un mal precedente», también ha reconocido que estas diferencias ya están «amortizadas» en el seno del cuatripartito porque «no es una cuestión tan trascendental como para que tenga consecuencias».

Por Podemos, Carlos Couso ha aludido también a la decisión del Parlamento y al acuerdo del cuatripartito, al tiempo que ha calificado de «despropósito» que sea el Arzobispado quien elija a los profesores de religión y la Administración quien pague sus sueldos.

En la misma línea Marisa de Simón, de I-E, ha manifestado su esperanza en que tanto Geroa Bai como el Gobierno actúen en consecuencia con los firmado y votado hasta ahora.

El segundo punto de discrepancia en la ronda de comparecencias ante los medios al término de la Mesa y Junta de Portavoces ha sido la proposición de ley presentada por EH Bildu para que aquellos empleados públicos que accedieron a un puesto que exigía euskara puedan después optar por traslado a otros que no requieran este idioma.

Ha sido Araiz quien ha apuntado a la falta de apoyos del cuatripartito al indicar que de hecho solo su grupo plantea la iniciativa y no ve claro que se puede enmendar «un derecho» como ha anunciado Geroa Bai.

Y ha añadido que hasta ahora, por un cambio que UPN introdujo a «medio escondidas» en la ley de presupuestos de 2009, los empleados de la Administración navarra con plaza de euskara sufren «una manifiesta injusticia» al no poder optar por concurso a cualquier vacante en castellano.

«No estamos de acuerdo con todo lo que dice la proposición de ley y por eso la enmendaremos», ha afirmado desde Geroa Bai Koldo Martínez, al contrario de lo que considera Podemos que, según ha precisado Couso, no comparte con la normativa actual que «el conocimiento tenga que ser un impedimento para tener oportunidades».

Para UPN, sin embargo, la proposición de EH Bildu es «una vuelta de tuerca más», «dar mças posibilidades» a quienes saben euskara, lo que supone «romper la igualdad de oportunidades», mientas que la socialista María Chivite ha asegurado que esta proposición es «nula de pleno derecho», igual que la plaza de jurista del Ayuntamiento de Iruñea recurrida por su partido.

«La proposición busca claramente favorecer a los vascoparlantes» para así «colonizar» la Administración navarra, ha subrayado la popular Ana Beltrán, quien además ha criticado que el Gobierno se haya mostrado contrario a la proposición de ley de su partido para que las multas y costas judiciales por la colocación de la ikurriña en los ayuntamientos las paguen los ediles responsables de la decisión.