Expresa su adhesión como «reflejo del compromiso de los empresarios navarros por la igualdad de condiciones y la libre competencia de las empresas».

La CEN advierte del «riesgo que supone que las adjudicaciones públicas condicionadas por la política lingüística de la Administración no atiendan a la realidad de las empresas navarras, provocando situaciones de discriminación, especialmente, en empresas de la zona mixta y no vascófona».

La patronal, que considera que las políticas de la Administración no reflejan con proporcionalidad la realidad del herrialde, comparte la reflexión del manifiesto, al considerar que el uso del euskara es un derecho que «debe ejercerse desde la libertad, pero no a costa de unas políticas públicas que perjudiquen la libre competencia de las empresas navarras».

Además, subraya que «el deber de la Administración de gestionar los recursos eficientemente, siempre de acuerdo a las necesidades de la sociedad, sin discriminaciones, ni exclusiones», a lo que añade que «la utilización excesiva del euskera con fines políticos, más allá de la satisfacción real de los ciudadanos, supone también un mayor coste público para todos los contribuyentes».

Esta postura, recuerda, ya fue manifestada a raíz de la inclusión en la Ley  de Contratos Públicos, de la exigencia de contar con un plan de euskara para aquellas empresas cuyo contrato con la Administración requiera de un servicio de atención al público.

Esta medida ha sido también criticada por la Cámara Navarra de Comercio e Industria que indica que desde hace tiempo están recibiendo quejas de empresas y profesionales que dicen que las decisiones de la Administración sobre el uso y exigencia del euskara «perjudican las expectativas e intereses del comercio, la industria y los servicios de empresas que no dominan o conocen el euskera».

Añaden al respecto que les impide de facto poder presentarse a contratos públicos por no tener conocimientos suficientes del mismo.

La Cámara de Comercio sostiene que el euskara es «parte muy importante de nuestra cultura, que tiene que servir para unir a toda la sociedad navarra, pero nunca debe ser motivo de discriminación ni de desigualdad entre empresas o ciudadanos».

En esa línea pide a las instituciones que favorezcan las normativas y leyes que consoliden la igualdad en los ciudadanos y las empresas, adoptando «cuantas medidas sean necesarias para impedir la discriminación de los ciudadanos por razones del idioma».

Asimismo insta a promover la Igualdad de oportunidades entre empresas y ciudadanos sin que el euskara represente una limitación o un motivo de discordia o desunión entre navarros y que «se evite la prevalencia del euskara en la contratación de servicios y de personal de la administración frente a los méritos y capacidad empresarial y profesional, sobre todo en una sociedad como la navarra, mayoritariamente castellanohablante».

Además pide que «se fomente el aprendizaje de los idiomas desde la libertad de elección y de acuerdo al principio de voluntariedad, sin imposiciones de ningún tipo».