«Nicaragua nos pertenece a todos y aquí nos quedamos todos. Nicaragua no es propiedad privada de nadie», afirmó el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en un discurso ante miles de seguidores, rechazando así las demandas de dimisión por la grave crisis que afronta el país, con decenas de muertos, a los que el miércoles se añadieron al menos 15 más.

A los movimientos de presión sobre el presidente para que dimita se añadieron los representantes y dueños de los principales grupos empresariales del país que demandaron adelantar las elecciones.

«Parafraseando sus palabras, no hay espacio en Nicaragua para la violencia que tanta sangre de hermanos ha derramado a lo largo de nuestra historia. Es por ello que consideramos urgente implementar las reformas necesarias, que permitan adelantar elecciones de una manera ordenada y con un Consejo Supremo Electoral renovado», indicaron los empresarios una carta.

Se confirma así la pérdida de uno de los apoyos con los que contaba Ortega, la patronal, que ya se había posicionado contra la reforma de la seguridad social que originó la crisis. Las esperanzas de una salida dialogada a la crisis se alejaron con la muerte el miércoles de otras 15 personas en las marchas de las «Madres de Abril» convocadas contra la represión en Managua, Chinandega, Estelí y Masaya. Otras 199 resultaron heridas.

Los convocantes denunciaron que en la capital la Policía y grupos parapoliciales que vinculan al Gobierno sandinista atacaron con disparos y cócteles molotov a los manifestantes, que se refugiaron en la Universidad Centro Americana y en la catedral de Managua. A su vez, la Policía señaló que al menos dos personas murieron y una decena resultaron heridas cuando manifestantes sandinistas fueron atacados.

Ante las críticas después de casi un centenar de muertos en protestas y saqueos desde abril, el Gobierno denunció la «violencia delincuencial que han generado grupos políticos de oposición con agendas políticas específicas».