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La decisión del Tribunal Supremo británico, que apunta a que las restrictivas leyes de aborto en el norte de Irlanda son incompatibles con la legislación de derechos humanos, pone a la primera ministra británica, Theresa May, en una situación difícil con el DUP, cuyos votos necesita para mantener su Gobierno conservador. El DUP ha conseguido que May frene la igualdad matrimonial y, hasta ahora, el aborto en el norte de Irlanda, a pesar de que ambos derechos forman parte de la legislación británica y se aplican en el resto de las jurisdicciones que constituyen el llamado Reino Unido.
Todo podría cambiar con la decisión de los jueces del Tribunal Supremo de Reino Unido, donde la jurisprudencia es un mecanismo legislativo. El Alto Tribunal no pudo pronunciarse ayer claramente sobre la incompatibilidad de la restrictiva legislación del aborto en el norte de Irlanda frente a la del resto de Gran Bretaña debido a una cuestión técnica, ya que el caso había sido presentado por una institución, la Comisión de Derechos Humanos del norte de Irlanda (Nihrc) y no por una persona directamente afectada.
La británica Ley del Aborto de 1967 no se aplica en el norte de Irlanda, donde la interrupción voluntaria del embarazo solo está permitida si la vida de una mujer está en riesgo o si existe un riesgo de daño permanente y grave para su salud mental o física. No se acepta el supuesto de violación o incesto ni un diagnóstico médico de anormalidad fetal –cuando los médicos creen que el feto tiene una afección terminal y morirá en el útero o poco después de nacer– como razones para abortar.
El Tribunal Supremo ya había dictaminado con anterioridad que la legislación sobre el aborto en el norte de Irlanda eran incompatibles con las leyes de derechos humanos británicas. Sin embargo, la decisión fue apelada ante un tribunal norirlandés que revocó la decisión del Supremo. Ese fallo fue apelado a su vez por la Comisión de Derechos Humanos, de nuevo ante el Tribunal Supremo. Ayer, sus siete jueces dictaminaron que para que el tribunal pudiera pronunciar una sentencia en firme el caso debería haber sido presentado por una mujer embarazada como resultado de incesto o violación o a la que se le hubiera denegado un aborto a pesar de la inviabilidad de su embarazo, pero reiteraron que la ley de aborto en el norte de Irlanda es incompatible con el derecho al respeto a la vida privada y familiar, tal como está garantizado por la Convención Europea de Derechos Humanos.
Intento de cambiar la ley
Unas horas después de que se hiciera público el pronunciamiento del Tribunal Supremo, una mujer de Belfast anunció su intención de llevar su caso ante el Tribunal Supremo en un intento de cambiar la ley en el norte de Irlanda.
Sarah Ewart, que ha hecho campaña en defensa de un cambio en la legislación norirlandesa en casos de anomalías fatales del feto desde que se viera obligada a viajar en 2013 a Inglaterra para someterse a un aborto después de que le dijeran que el feto no sobreviviría fuera del útero, señaló que se presentaría ante la citada Corte.
«No nos detendremos hasta que podamos obtener atención médica en nuestros hospitales», sostuvo Ewart, quien hizo un llamamiento a la primera ministra británica para que impulse una reforma legislativa en el Parlamento británico.
«A Theresa May le diría: ‘Necesitamos cambios y ayuda. Este es un procedimiento médico que necesitamos en nuestros hospitales con nuestros propios equipos médicos. Ayúdenos ahora’», reclamó Ewart.
Hasta el momento, May se ha excusado argumentando que es una cuestión que debe ser legislada en el norte de Irlanda para evitar la ruptura con el DUP, el partido unionista y ultraconservador que se opone a la igualdad de derechos del colectivo LGBTQI+ y a la interrupción voluntaria del embarazo, y de cuyos votos depende la estabilidad del Gobierno británico en minoría. May obstaculizó el debate parlamentario sobre la igualdad matrimonial hace unos meses utilizando precisamente ese mismo argumento.
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