El 23 de febrero de 2014 en Sochi, sur de Rusia, se cerraban unos JJ.OO. de Invierno gloriosos para el país anfitrión. Rusia ganaba el medallero en oros conseguidos y medallas totales a pesar de no partir como favorita. Los juegos pasaban como un éxito de organización y sin ningún incidente destacable a pesar de las numerosas amenazas previas de grupos terroristas. Ese mismo día en Ucrania se daba un cambio de gobierno y estaba ya en marcha la operación rusa para anexionarse la península de Crimea. En esa fecha todo cambió.
Para los rusos el deporte es cuestión de estado. Es una característica heredada de la época soviética, cuando el estado invertía una gran cantidad de recursos en sus atletas para que estos promocionaran los logros soviéticos en el exterior mediante sus victorias. Si bien en la actualidad la intervención del estado es algo menor y existen clubes deportivos privados en deportes como hockey sobre hielo o fútbol, los deportes olímpicos siguen siendo programas estatales.
Tras los duros años noventa, en la era Putin las autoridades rusas han vuelto a la práctica soviética de mostrar, o al menos intentarlo, los éxitos estatales mediante la vieja fórmula de victorias deportivas, programa espacial y capacidad industrial, especialmente en lo referente a armamento. De todo ello el deporte es lo más económico y no dudaron en lanzarse a ello. Sin embargo, tras el comienzo de la crisis de Ucrania, algunos de los mayores problemas de imagen de Rusia han venido precisamente en el ámbito deportivo.
En 2015, la WADA (Agencia Mundial Antidopaje en sus siglas inglesas) publicó un informe en el que acusaba a Rusia de un programa estatal de dopaje. La principal base para esa acusación era el testimonio de Grigoriy Rodchenkov, el jefe de un laboratorio antidopaje de Moscú. En base a estas acusaciones, si bien sin pruebas sólidas, varias federaciones internacionales prohibieron a los atletas rusos participar en los JJ.OO. de verano de 2016 en Brasil. Para los rusos especialmente dolorosa fue la prohibición al equipo de atletismo, con Elena Isinbaeva a la cabeza, y al todo el equipo paralímpico ruso.
Los medios estatales rusos no dudaron en lanzar una campaña en la que explicaban que todo el caso era una campaña de desprestigio contra su país. Un elemento más de la guerra de sanciones que comenzó en 2014 tras la anexión rusa de Crimea y el comienzo de la guerra en la región del Donbass. Sin embargo, la respuesta administrativa de Moscú fue torpe y sin lograr avances. Los críticos dentro de Rusia le achacan que no se hicieran pasos claros o hacia el enfrentamiento con los organismos internacionales o asumir la culpa e intentar reiniciar las relaciones con ellos.
Informe McLaren
La siguiente estocada al deporte ruso vino a finales de 2016 con la publicación del “Informe McLaren”. A petición de la WADA, Richard McLaren, un jurista canadiense, hizo un informe profundizando en la acusación a Rusia sobre su presunto programa de dopaje. La base del informe seguía siendo el testimonio de Rodchenkov. Basándose en este informe a los atletas rusos les han impuesto numerosas sanciones, siendo especialmente duras las que impidieron participar a los rusos bajo su bandera en los JJ.OO. de invierno de 2018 en Pyeonchang.
En Rusia todo ello se ha vivido como un intento de humillación nacional. No pocas voces abogaban por el boicot a los JJ.OO. Y la retirada de los atletas rusos que podían participar bajo la bandera neutral olímpica. Las autoridades finalmente desecharon esa opción, en parte por el temor a perder los derechos de organizar el Mundial de 2018, una posibilidad que se pedía activamente desde países como Gran Bretaña.
Por todas estas dificultades, la victoria del equipo ruso en la modalidad de hockey sobre hielo en esos juegos de Pyeonchang se celebró por todo lo alto. Pero la sensación de agravio e injusticia, bien alimentada por los medios rusos, está muy presente en la sociedad del país. A ello ayudan las últimas consecuencias del informe McLaren.
Los atletas rusos apartados por ese informe han empezado a llevar a juicio a las diferentes federaciones y a los propios McLaren y Rodchenkov. Estos atletas entienden que se les han negado derechos sin haber ni delito ni mucho menos condena, ya que aparte de los JJ.OO. de Sochi u otras competiciones dentro de Rusia, todos ellos compiten a nivel internacional pasando los mismos controles antidopaje que el resto sin dar positivos hasta la fecha.
El Tribunal de Arbitraje Deportivo, la institución final en los temas de justicia deportiva, ha empezado a fallar sobre los casos presentados por atletas rusos. Así, para tomar su decisión sobre el esquiador ruso Aleksander Legkov, el tribunal ha interrogado tanto a McLaren como a Rodchenkov. Ambos se desdicen de sus declaraciones anteriores. McLaren deja toda la responsabilidad en Rodchenkov y dice no tener más pruebas que la palabra de este. Rodchenkov dice, por su lado, que ni suministró ni vio suministrar productos dopantes a ningún atleta ruso. Es por ello que el tribunal le quita toda sanción a Legkov en su decisión publicada en abril de este año.
Rodchenkov también ha sembrado dudas sobre la selección rusa de fútbol, pero aquí ha recibido una tajante respuesta de la FIFA que dice que todos los miembros de ese equipo pasan los controles pertinentes y están limpios. Parece que poco a poco el efecto Rodchenkov-McLaren va perdiendo fuelle, sobre todo cuando los casos llegan a juicios en los que hay que presentar pruebas sólidas.
Puede que 2018 sea un punto de inflexión para la relación de los rusos con el deporte internacional, pero una vez pasado el Mundial su posición se volverá más dura al no haber ya un gran evento que perder.