![El Ararteko, Manu Lezertu, a su llegada al Parlamento de Gasteiz. (@Ararteko)](/media/asset_publics/resources/000/509/441/article_main_landscape/ararteko.jpg)
El Ararteko, Manu Lezartua, ha presentado en el Parlamento de Gasteiz el informe de la institución que dirige correspondiente a 2017, que ya fue dado a conocer el pasado mes de marzo.
En su intervención ante la Cámara, Lezertua ha dedicado una atención especial a los problemas que afectan a los niños y adolescentes, así como a las políticas de igualdad, a la inclusión social y a la acogida de personas refugiadas.
El número de expedientes en los que se tiene constancia de la presencia de niños y adolescentes alcanza en 2017 la cifra de 492, el 16% del total de los presentados en la institución del Ararteko.
La distribución de estas reclamaciones por áreas temáticas muestra que el 50% se refieren a situaciones de precariedad económica en las que se encuentran sus familias; y un 20% tienen por objeto diversas cuestiones del sistema educativo. Los servicios sociales para infancia en desprotección y las políticas de apoyo a las familias acaparan un 6% de las quejas, en ambos casos, y el resto de los ámbitos (sanidad, ocio y deporte, justicia, medio ambiente) se sitúan por debajo del 5%.
Además, los servicios del Ararteko visitaron el año pasado los tres centros de acogida para menores extranjeros no acompañados que existen en la CAV. Aunque en estas visitas se constató que la ocupación superaba el número de plazas previsto, el Ararteko ha destacado que se han adoptado medidas para ofrecer un acomodo y una atención «adecuados» estos menores.
Lezertua ha destacado que el «interés superior» del menor y su derecho a ser escuchado es la «clave de bóveda» de los derechos del niño reconocidos por Naciones Unidas.
No obstante, ha lamentado que esta consideración aún está «escasamente presente» en los distintos ámbitos en los que se adoptan decisiones que afectan a los niños. Como excepción, ha citado el sistema de servicios sociales, especialmente en los dedicados a la infancia en situación de desprotección, en la que ha destacado que existe «una cada vez mayor atención a la salvaguarda» de los derechos de los menores.
Al margen de esta excepción, ha advertido de que existe un «desconocimiento preocupante» de la vigencia de los derechos de los niños, de los que ha afirmado «que no se aplican o no se incorporan a las normativas sectoriales». También ha criticado que no se realizan «esfuerzos suficientes» para la capacitación de los profesionales que trabajan con menores.
Lezertua ha recordado que la ‘Encuesta de pobreza y desigualdades sociales 2016’ cifra en un 10,4% la tasa de menores de edad que sufren «privaciones» en la CAV, un dato que en el caso de las formas más graves de «privación» (por ejemplo acceso diario a comida proteínica y a fruta) se sitúa en el 3,5%.
Política carcelaria
En su intervención, el Ararteko también ha aludido a la política penitenciaria. Lezertua, que se ha pronunciado en varias ocasiones en este sentido, se ha mostrado partidario de una «interpretación de la legalidad» orientada a la «resocialización» de los presos vascos.
Ha reiterado asimismo su apuesta por una modificación de la política carcelaria, con el fin de acercar a los presos a cárceles cercanas a sus lugares de origen.
El Ararteko realizó 13.437 actuaciones el año pasado, un 22% más que en 2016. Al igual que en años anteriores, el informe refleja que un elevado porcentaje de las actuaciones de la institución se corresponden a quejas y consultas ciudadanas relacionadas con las prestaciones sociales.
De las 13.437 actuaciones realizadas por el Ararteko, 9.545 corresponden a quejas y consultas. Durante el año 2017 se resolvieron 1.490 expedientes de queja y se dictaron 1.174 resoluciones. Una vez analizadas estas resoluciones, se estimó que existía alguna actuación incorrecta de la administración afectada en cerca del 48% de los casos, porcentaje ligeramente superior al del año anterior (46%).
La administración afectada ha corregido y modificado la actuación que originó la reclamación en el 88% de los supuestos. En la mayoría de los casos, no se ha precisado la emisión de una recomendación formal por parte del Ararteko.
En función del área temática con la que se relacionan las quejas presentadas, se ha producido un incremento de las reclamaciones relacionadas con los dispositivos de lucha contra la exclusión social. El año pasado hubo 829 reclamaciones sobre estas cuestiones, frente a las 790 de 2016.
El 97% de dichas quejas se referían a problemas diversos relacionados con el funcionamiento de Lanbide y a sus actuaciones en materia de gestión de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), así como de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV). Lezertua ha destacado que buena parte de estas reclamaciones se solucionaron con facilidad y a favor del ciudadano afectado.
Otras áreas que presentan una elevada actividad son las de educación, vivienda, hacienda, personal de las administraciones públicas, medio ambiente y seguridad. De hecho, más del 61% de los expedientes de queja tramitados por el Ararteko tienen relación con derechos sociales.
Igualdad
También las quejas escritas referidas a los colectivos de atención pública constituyen un número importante de los asuntos gestionados en 2017. En torno al 35% de dichos expedientes (incluyendo los del área de inclusión social) guardan relación con las políticas públicas dirigidas a garantizar la igualdad real y efectiva de todas las personas.
Según los datos sobre la proporción de los expedientes tramitados que afectan a cada una de las administraciones, al igual que en años anteriores, el Gobierno de Lakua ha sido la administración contra la que más reclamaciones escritas se han dirigido en 2017 (cerca del 65%), y han descendido ligeramente las referidas a actuaciones de los ayuntamientos de la CAV (24%).
En cualquier caso, el hecho de que se analicen las administraciones implicadas en los expedientes no significa que hayan cometido actuación incorrecta alguna, sino simplemente que alguna de sus actuaciones ha sido objeto de reclamación.
También se han realizado nueve visitas de inspección (comisarías, centros para la infancia en desprotección y un centro de menores) para evaluar el funcionamiento, recursos y seguimiento de las recomendaciones del Ararteko.
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