A la espera del señalamiento y apertura del juicio, el Ministerio español del Interior ha notificado al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que tiene intención de trasladar a Catalunya a los dirigentes independentistas catalanes en situación de prisión provisional. Según las fuentes por Europa Press se trata de «un protocolo ordinario» que da paso a un trámite que conlleva «unos días» hasta que, finalmente, se procede al traslado bajo custodia de la Guardia Civil.

Se trata, explican desde Interior, del mismo protocolo que se sigue con cualquier preso catalán con arraigo en el Principat, que tiene transferidas las competencias en materia de política penitenciaria. En el momento en el que se lleve a cabo el traslado, la vida en prisión de los presos independentistas dejará de estar supervisada por la Administración española a través de Instituciones Penitenciarias, ya que tomará el testigo el Servicio Penitenciario dependiente de la Consellería de Justicia catalana.

El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha respaldado públicamente el traslado a Catalunya una vez que finalice la instrucción del juez Llarena, remitiéndose a cuestiones familiares y también al derecho de defensa de los procesados, que podrán estar más cerca de sus abogados para preparar el juicio.

Fuentes de Interior explican a la agencia de noticias que el trámite se inicia con la notificación remitida al juez instructor preguntando si existe algún impedimento de carácter procesal que desaconseje el traslado. Los nueve políticos catalanes en situación de prisión provisional tienen que solicitar este traslado y, una vez que hay constancia de que no hay impedimento, la junta de tratamiento de cada una de las tres cárceles madrileñas (Estremera, Soto del Real y Alcalá-Meco) e Instituciones Penitenciarias tienen que elaborar un informe sobre la situación familiar y su vinculación con Catalunya.

Es una vez cumplimentado este informe cuando se informa a la Administración catalana, que es la encargada de elegir el centro penitenciario en el que ingresarán los políticos procesados por delitos como el de «rebelión» y «malversación».

Llarena señala que la decisión corresponde a Instituciones Penitenciarias

Llarena, por su parte, ha insistido en que la decisión sobre el posible acercamiento a prisiones catalanas corresponde a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior. Así lo ha manifestado en una providencia en la que contesta a la petición cursada por las defensas de Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart de ser trasladados a prisiones catalanas.

En concreto, el magistrado instructor responde a los escritos que han remitido al Supremo los directores de las cárceles donde están encarcelados estos cuatro procesados, Alcalá-Meco y Soto del Real, ya que son Forcadell, Bassa, Sánchez y Cuixart. «No existe razón procesal que conduzca a la custodia de los procesados en ningún centro penitenciario concreto, estando la decisión sujeta a los criterios penitenciarios que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias considere de aplicación», explica el juez en su providencia.

Marlaska ubica el traslado en «los próximos días»

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado en la tarde de este jueves desde Rabat que «en los próximos días» se procederá ese traslado, aunque no ha concretado fechas. «El expediente al respecto continuará y se resolverá en los próximos días, no puedo decir una fecha concreta», ha asegurado.

Al ser preguntado por la prensa si se pone de plazo una semana como máximo, Grande-Marlaska ha respondido que «no le gusta decir días».

«En el preciso instante en que sea preciso tomar la resolución se tomará», ha dicho el ministro, y ha apuntado que la pretensión de los presos de ser trasladados no solo se justifica por sus «vínculos familiares», sino también por el fin de garantizar «el ejercicio del derecho de defensa y la preparación del juicio oral».