Buena parte de la ley de víctimas de la violencia del Estado está desactivada por el recurso que el Gobierno español presentó ante el Tribunal Constitucional, que suspendió la efectividad de la comisión de valoración que es la que certifica el reconocimiento de la víctima y permite su reparación.

Tras reunirse ayer con el lehendakari Iñigo Urkullu, el delegado del Gobierno en la CAV, Jesús Loza, anunció que espera que en este mes se pueda alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo de Lakua para el desbloqueo de esta materia, que pasaría por efectuar ciertas «adaptaciones» en la ley aprobada por el Parlamento Vasco.

«Seguridad jurídica»

Cabe recordar que la ley de víctimas de la violencia del Estado se aprobó el 28 de julio de 2016 cuando pendía ya sobre ella la amenza de un recurso del Gobierno de Mariano Rajoy. Según Madrid, la creación de una comisión de valoración de las víctimas recogida en la ley plantea un «riesgo de interferencias» con la acción de la Justicia. Debido a este aviso del Ministerio del Interior, el PNV aceptó varias enmiendas presentadas por el PSE, con la excusa de dotarle de mayor «seguridad jurídica».

Es decir, el PSE votó a favor de la ley, después de introducir enmiendas que pretendían contentar el Gobierno de Rajoy. Pese a todo, el Ejecutivo del PP recurrió la ley ante el Tribunal Constitucional, que suspendió los artículos fundamentales de la norma. Y ahora, el Gobierno del PSOE, en lugar de retirar directamente el recurso, pide «adaptaciones», según explicó ayer su delegado en la CAV, Jesús Loza.

Conviene destacar que durante los trabajos de elaboración de la ley, tanto el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, como el entonces Fiscal Superior, Juan Calparsoro, aceptaron la «seguridad jurídica» de la ley. Ambos comparecieron en la ponencia a petición precisamente del PP.

Por otra parte, el expresidente del Comité de Derechos Humanos Fabián Salvioli realizó por encargo del Gobierno de Lakua un análisis de la ley que establecía que no solo se ajusta a la normativa internacional, sino que apuntaba a que el propio Estado debería aplicarla.

Acuerdo este mes

Según declaró el delegado del Gobierno español a la salida de su reunión con el lehendakari, ambos están «preocupados» por la paralización de esta ley, debido a que el recurso ante el Tribunal Constitucional impide que las víctimas de la violencia estatal sean «reconocidas y reparadas».

Jesús Loza apuntó a la posibilidad de que este mismo mes ambos gobiernos alcancen un acuerdo sobre la ley porque «el tiempo aprieta».

La ley de víctimas de la violencia estatal se aprobó con una sesión extraordinaria celebrada en julio, al final de la pasada legislatura, con el voto a favor de PNV, PSE y Elkarrekin Podemos, la abstención de EH Bildu, y la oposición del PP y UPyD.

Asociaciones de víctimas de aparatos policiales y parapoliciales valoraron el paso, pero lo consideraron muy corto.