La decisión del presidente francés, Emmanuel Macron, de retrasar a otoño la presentación del plan contra la pobreza que enarbolará en campaña, ha dejado bien claras, por si alguien no había caído todavía en la cuenta, cuáles son las prioridades de su mandato.

La celeridad del inquilino del Elíseo a la hora de rebajar la factura fiscal de los sectores más acomodados y de proceder al recorte de servicios públicos, contrasta con su actitud perezosa a la hora de abordar la urgencia social más lacerante.

Esa actitud gubernamental resulta si cabe más sangrante a la luz del balance presentado recientemente por la asociación Atherbea, encargada del acogimiento de urgencia y del apoyo para la reinserción social en Ipar Euskal Herria.

Efectivamente, de acuerdo a los datos aportados por la asociación basada en Baiona, la demanda de personas sin techo ni recursos básicos aumentó en un 12% entre 2016 y 2017 en el conjunto de los tres territorios. El año pasado llamaron a la puerta de Atherbea 2.345 personas.

Inmediata e incondicional

La asociación constata, sin embargo, que en ese periodo se quebró un principio básico como es «aportar la ayuda de manera inmediata y de forma incondicional». El presidente de este organismo de acción social, Jean-Daniel Elichyri, constata, sin ocultar su impotencia, la imposibilidad de cumplir la ley que rige la acción social de urgencia en el Estado francés.

Hasta ocho semanas de espera para conseguir una cama en el hotel social Maison de Gilles de Biarritz. Ya en las estructuras orientadas a complementar la acogida con programas de reinserción, como los centros Atherbea y Les Mouettes, los tiempos de espera oscilan entre los seis y los diez meses. La subdotación de los servicios es evidente.

Elichyri remarca que la falta de recursos impide atender a todas las personas que dan el paso de solicitar ayuda, las cuales constituyen de por sí una muestra reducida de la población en situación de exclusión.

Actualmente, Atherbea se ve obligada a rechazar una de cada tres solicitudes de albergue. Tras cada uno de esos rechazos hay una situación que precisa de una respuesta urgente que no llega. Es el caso de la violencia machista. Atherbea registró en 2017 108 solicitudes de acogida de mujeres maltratadas, muchas acompañadas de hijos. No todas pudieron ser protegidas.

La categorización de los casos de urgencia que llegan a Atherbea es un hecho, lo que obliga, según remarca Jean-Daniel Elichyri, a asumir que el principio de igualdad que fija la ley en la acogida de urgencia ha desaparecido de facto.

De hecho, cada cifra del informe de Atherbea tiene una contrapartida inquietante, la de las personas que quedan fuera del circuito de ayuda urgente o que ven retrasado su acceso a un programa de reinserción social.

Vulnerables y excluidos

58 menores de edad, acompañados de sus progenitores, fueron acogidos el año pasado en Maison de Gilles. Sin embargo, remarca Atherbea, los trabajadores del servicio integral de acogida y orientación (SIAO) «están confrontados cada día a decir no a otros demandantes, lo que implica que hoy tenemos familias con niños en nuestras calles, como tenemos también cada vez más sin hogar entre personas de edad avanzada».

Como efecto perverso, la rarificación de la ayuda –una persona joven y en estado de salud aceptable no tiene apenas opciones de acogida– puede llevar a renunciar a la solicitud y a que esa estadística que oculta la realidad sirva de excusa para no mejorar la dotación de servicios.