El juez Pablo Llarena ha acordado la conclusión del sumario de la causa por el procés respecto de los procesados que no están exiliados, a quienes da quince días para su comparecencia en el tribunal competente para enjuiciarlos en el Supremo.

Respecto a los que están exiliados –Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Marta Rovira y Anna Gabriel– los declara en rebeldía y, en virtud del artículo 842 de la ley procesal, suspende el curso de la causa respecto a ellos, que quedarán en otra pieza separada mientras no se encuentren a disposición del juez.

El fin de la instrucción afecta a 18 de los 25 procesados, como el exvicepresident Oriol Junqueras; los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn y Dolors Bassa; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los dirigentes independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, todos ellos procesados por delito de rebelión y la mayor parte de ellos también por malversación.

Por desobediencia están procesados los que eran miembros de la Mesa del Parlament –Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Josep Joan Nuet–, además de Mireia Boya y exconsellers como Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santi Vila, también acusados de malversación.

El juez ha decidido cerrar el sumario y rechazar la práctica de nuevas pruebas que habían solicitado varias de las defensas y la acusación que ejerce Vox porque las considera innecesarias al estimar que son redundantes con otras ya realizadas o que no permiten esclarecer hechos que influyan en la tipificación de los hechos o en la participación de los implicados.

Por ello, y ante «la necesaria celeridad que impone la prisión preventiva de algunos de los procesados», ha acordado el fin de la instrucción.

Entre otras pruebas, rechaza la declaración como testigos de Artur Mas y Neus Lloveras, o la de el exjefe de los Mossos Josep Lluís Trapero o del número dos de Junqueras en el Govern, Josep María Jové.

Tampoco acepta incluir las investigaciones del juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona sobre la actuación policial durante el 1-O, pues argumenta que, con independencia de que ese comportamiento pueda tener alcance penal en otro procedimiento, «carece de capacidad para modificar la calificación y responsabilidad por rebelión, sedición, malversación o desobediencia» que se investiga en el Tribunal Supremo.

Ni admite la petición de Puigdemont de reiterar todas las pruebas realizadas hasta que fue detenido el 25 de marzo en Alemania y pasó a formar parte del procedimiento.

Ahora, cierra la instrucción y con ello su competencia sobre la causa y remite a la sala de enjuiciamiento del Supremo todos los recursos que quedan pendientes de resolución o la decisión sobre los que puedan presentarse ahora.

La causa respecto a los procesados exiliados queda en suspenso sin perjuicio de las actuaciones que puedan realizarse en el futuro para concluir el procedimiento, con lo que el juez mantendrá a su disposición las piezas.

Suspensión de los diputados presos

Por otro lado, Llarena ha comunicado a la Mesa del Parlament la suspensión de cargo público de los cinco diputados catalanes que están en prisión preventiva: Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sànchez, así como del expresident Puigdemont. La medida no afecta al exconseller exiliado en Bélgica Toni Comín, que tiene pendiente recurrir en reforma y en apelación el auto de procesamiento.

El juez considera «obligado» comunicar al Parlament que los seis diputados procesados «han quedado suspendidos en las funciones y cargos públicos que estaban desempeñando, debiendo de proceder la Mesa a adoptar las medidas precisas para la plena efectividad a la previsión legal».

Explica que la medida de suspensión es automática y deja al Parlament la posibilidad de que los procesados suspendidos pueden ser sustituidos temporalmente por otros integrantes de sus candidaturas.