Se trata de casos ocurridos en el país desde el año 2000, cuando entró en vigor la reforma procesal penal, según ha explicado a los periodistas Luis Torres, director de la División especializada en Derechos Humanos, Delitos sexuales y Violencia de Género.

Hasta el momento se han identificado a 266 víctimas, de las que 178 eran menores al sufrir los abusos, 31 eran adultos y del resto no se ha precisado, ha señalado Torres.

De las personas investigadas, 74 estarían clasificados por la Fiscalía como obispos, sacerdotes o diáconos diocesanos que no pertenecen a ninguna congregación, mientras que otros 65 obispos, sacerdotes o diáconos sí pertenecerían a ellas.

También hay 10 personas laicas a cargo de pastorales parroquiales o pertenecientes a colegios; y otros 9 cuya función no se ha especificado.

La Fiscalía también ha determinado que «la gran mayoría de los hechos denunciados corresponden a delitos sexuales cometidos por sacerdotes párrocos o personas vinculadas a establecimientos educacionales».

Ha agregado que también forman parte de estos datos cinco casos de «encubrimiento u obstrucción a la investigación contra superiores de congregaciones u obispos a cargo de una determinada diócesis».

En cuanto al estado de las investigaciones, 34 de ellas se encuentran en diligencias pendientes y el resto ya concluyeron por distintas formas de término.

Entre esas formas, destacan 23 sentencias condenatorias, 1 absolución, 4 casos por suspensión condicional del procedimiento, 7 por sobreseimiento definitivo o 43 archivados de forma provisional o por no perseverar, al no existir antecedentes suficientes.

El Ministerio Público señala que «todas las regiones (de Chile) reportaron al menos un caso, concentrándose la mayor cantidad en las regiones con mayor población (Metropolitana, Biobío y Valparaíso)».

Esta información publicada este lunes por la Fiscalía chilena procede de reportes de denuncias de las Fiscalías regionales, organizaciones sin fines de lucro e información entregada a través de comunicados de prensa de las distintas diócesis del país.

Además de los casos considerados desde la entrada en vigor en 2000 de la reforma procesal penal, hay otros más antiguos, algunos desde el año 1960, que no se han resuelto, han añadido desde la Fiscalía.

Por otro lado, la Fiscalía chilena ha reiterado que solicitará más antecedentes al Vaticano referidos a los procesos canónicos de ocho personas investigadas por distintos abusos sexuales cometidos contra niños, niñas o adolescentes cometidos en Valparaíso, La Araucanía y la región metropolitana de Santiago.

«Otras regiones no descartan efectuar requerimientos una vez desarrolladas otras diligencias investigativas», ha señalado Torres.

En definitiva, será la Fiscalía de Chile, a través de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (UCIEX), la designada como autoridad central del Estado para remitir y recibir válidamente mandatos de asistencia al amparo de convenios o tratados internacionales.

De esta manera, los primeros requerimientos serán expedidos a través de un oficio enviado por el Fiscal a la Cancillería de Chile, que a su vez los cursará por vía diplomática al Vaticano.

«Cabe señalar que se han realizado coordinaciones con la Cancillería y la Nunciatura por estos requerimientos, de manera de asegurar, dentro de lo posible, un resultado eficaz y favorable, además de explorarse otras vías de cooperación a futuro», ha precisado Torres.

Con el fin de garantizar una respuesta adecuada a todas las denuncias que puedan existir, no importa la región del país donde se encuentre la persona presuntamente abusada, la Fiscalía Nacional enviará un protocolo de actuación dirigida a los fiscales «para la investigación de delitos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia católica».

El pasado 18 de julio, la Fiscalía chilena ya había confirmado la preparación de un exhorto dirigido al Vaticano para obtener el informe que elaboró el arzobispo Charles Scicluna, enviado del papa Francisco a Chile, sobre casos de abuso sexual cometidos por miembros de la Iglesia Católica en el país austral.

Scicluna, quien visitó dos veces Chile junto al jesuita Jordi Bertomeu, oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe, recogió los testimonios de 64 víctimas y entregó al papa un informe de 2.300 páginas, según han señalado fuentes de la Iglesia.

En una rueda de prensa, antes de su regreso al Vaticano, se le preguntó al arzobispo Scicluna por una eventual colaboración de ese tipo con la justicia civil, a lo que respondió que la información reunida no le pertenece él, sino al papa Francisco.

El pasado junio el papa Francisco aceptó las renuncias de cinco obispos, después de que 34 miembros de la Conferencia Episcopal de Chile le ofrecieron sus cargos tras ser citados al Vaticano por el Pontífice.