El Gobierno de Mariano Rajoy llevó en 2017 ante el Tribunal Constitucional la conocida como ley de víctimas de abusos policiales entre 1978 y 1999, con la consecuencia de que varios de sus artículos quedaron suspendidos temporalmente con la admisión a trámite del escrito.

Como ha sucedido en el caso navarro, el Ejecutivo central esgrimió que la comisión de valoración creada por esa norma, encargada de definir qué personas pueden considerarse víctimas, no podía entrar a valorar casos de violencia policial porque es una labor que compete a la justicia.

No obstante, el pasado viernes representantes del Gobierno de Pedro Sánchez y de Lakua mantuvieron una reunión bilateral, donde se acordó la retirada del recurso antes de las vacaciones de verano a cambio de introducir unos cambios en la norma.

Según fuentes de Lakua, en dicha reunión ambos gobiernos «revalidaron el doble compromiso» por el que el Ejecutivo central retirará el recurso in inconstitucionalidad y el de Gasteiz promoverá una reforma en la que se «matizará, concretará y acotará la ley para reforzar las garantías judiciales y constitucionales».

Ese compromiso será firmado antes de finalizar el mes de julio por la ministra española de Política Territorial, Meritxell Battet, y el portavoz del Gobierno de Lakua, Josu Erkoreka.