La página web de Vecinos Vigilantes (VV) vende bien su producto. Basándose en cifras proporcionadas por el Ministerio de Interior (aunque no aclara ni cuándo, ni dónde, ni si son debidos precisamente a su dispositivo) asegura que los robos en los vecindarios integrados en VV se reducen en un 40%. Su función principal es reforzar la seguridad pero se presenta también como un dispositivo «que permite desarrollar la convivialidad y ayuda mutua en su urbanización, en su calle o en su edificio».

De hecho, ha añadido recientemente el epíteto Solidarios a su nombre y complementa sus servicios ofreciendo vías de contacto, coordenadas de sus vecinos miembros de VV y hasta facilita la elaboración de boletines de barrio. Todo ello, a buen seguro, con el fin de suavizar su función no exenta de polémica ya que diferentes sectores sociales y políticos opinan que esos procederes pueden fomentar el sentimiento de inseguridad, la suspición, la delación y entreven, incluso, el riesgo de potenciar métodos de autodefensa que podrían extralimitarse en sus funciones teóricas.

El sistema es bastante sencillo. La persona interesada en convertirse en vecino vigilante, se pone en contacto con VV y solicita formar parte de la red de vigilancia ciudadana. Si existe ya uno en su comunidad, se le pondrá en contacto con el «vecino referente» que es, a menudo, quien lo puso en marcha o, en caso de no existir, se le orientará para que forme un grupo «de al menos unos diez vecinos» para que sea considerado como «comunidad certificada».

Solo vigilar

En principio, el cometido del vecino se ciñe a velar, informar y alertar en caso de que detecte alguna infracción o anomalía en la vivienda de su convecino o de la calle, por ejemplo, ladrones o supuestos vendedores que se interesan «demasiado» en las casas que están vacías. No tiene que vigilar constantemente, ni intervenir y debe ser respetuoso con la vida privada y los derechos individuales de sus moradores. En caso de alerta, avisa a través de un SMS a VV que a su vez advierte por el mismo sistema a los integrantes de su barrio o vecindario y a las autoridades en caso de que la municipalidad sea también miembro del dispositivo.

Según VV, los vecinos vigilantes no pagan por inscribirse. Sin embargo, sí lo hacen por los paneles y pegatinas disuasorias con el logo de un gran ojo sobre fondo amarillo que se colocan en la calle o edificio de viviendas para advertir de la existencia del dispositivo y, asimismo, por la aplicación del móvil que funciona como una red social y que constituye el 90% de los ingresos de la empresa. Y, por supuesto, por las alertas enviadas vía SMS a menos de que su ayuntamiento sea también un «ayuntamiento vigilante», en cuyo caso la institución asume los gastos de los mensajes y de la señalización.

Los ayuntamientos miembros de VV pagan un abono anual cuyo monto depende de diferentes criterios: número de habitantes adscritos al sistema, cantidad de señales y paneles, forfait de envío de alerta, etc. Pueden obtener subvenciones de otras instituciones como prefectura o consejos departamentales.

300.000 hogares

VV se creó en 2002 como colectivo asociativo pero diez años más tarde, coincidiendo con una circular que el Ministerio de Interior había enviado en 2011 a todas las prefecturas en el sentido de desarrollar el concepto de red vecinal en coordinación con la Gendarmería y Policía municipal para reforzar la seguridad pública, se convirtió en empresa con marca registrada lo que le situó en una posición de monopolio casi total en el mercado francés. Así, en el Estado hay unos 300.000 hogares y 500 ayuntamientos inscritos, según datos de VV.

En Ipar Euskal Herria, hay 42 comunidades de vecinos adscritas en doce municipios, todas ellas de Lapurdi. Algunas de ellas están ya certificadas y otras están en fase de homologación. En cuanto a los ayuntamientos, solo tres forman parte de la red (Angelu) o están estudiando la posibilidad de integrarse en ella (Hendaia, Urruña). Angelu fue el pionero. Inició su inclusión en VV hace un par de años, aunque su puesta en marcha todavía no está consolidada.

La responsable de la Policía Municipal, Corinne Vidal, manifiesta que ello se ha debido a la insuficiencia de vecinos voluntarios referentes –«ahora ya hay muchos», dice–, a que han tenido que revisar el tema de la colocación de paneles en las zonas afectadas, a atar otras cuestiones en las reuniones vecinales y que en setiembre estará ya todo atado. A pesar de ello, Vidal asegura que es un «muy buen dispositivo» y que no solo se trata de «echar un ojo a la casa del vecino y señalar cosas raras» si bien evita explayarse en las bondades del sistema y en las dificultades o fallas que han constatado en ese periodo experimental, remitiendo las valoraciones al próximo otoño, cuando el dispositivo VV esté definitivamente en funcionamiento.

Precisamente las experiencias habidas en algunos municipios importantes del Estado difieren respecto a su evaluación. Por ejemplo, mientras Perpinyà ha rescindido su contrato con Vecinos Vigilantes y Solidarios por considerarlo «extremadamente caro para el servicio que ofrecía cuando casi todo el trabajo lo hacíamos nosotros mismos», el municipio de Antony (región parisina) expresa su satisfacción añadiendo, además, el argumento de que «la plataforma de vigilancia ciudadana les ofrece una excelente red para la comunicación política».