El Ejecutivo Sánchez quiere acotar la definición de arrendamiento de temporada en la Ley de Arrendamientos Urbanos, que limita el alquiler de viviendas vacacionales y apartamentos por parte de particulares vinculándolo a la legislación turísticas de las comunidades autonómicas o aplica este régimen si no hay una norma autonómica específica. La titular de Turismo, Reyes Maroto, ve viable un «registro único» de pisos turísticos con los datos aportados por las autonomías para ofrecer una imagen real de su impacto en el turismo, algo que ya han pedido algunas plataformas.

Maroto aseguró que ya se está revisando toda la normativa existente sobre viviendas de uso turístico, tanto de los decretos autonómicos como de las leyes que habría que modificar para «tratar de encajar la definición de vivienda turística», lo que conllevará además algunos cambios en la normativa estatal sobre arrendamiento.

«Nos hemos dado un margen este año en el que yo creo que podemos tener realmente perfilados cuáles van a ser los cambios y llevarlos al Parlamento para que puedan ser aprobados», afirmó en una entrevista concedida a Europa Press.

Maroto, que dejó clara la competencia autonómica en esta materia desde 2013, subrayó la importancia del grupo interministerial creado para reorientar la política de vivienda y del alquiler, del que formará parte el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que encabeza, ante el auge de este modelo de alojamiento y su impacto.

«Las viviendas de uso vacacional han tenido un impacto importante en la subida de los precios del alquiler. Incorporarlas y estar coordinados nos va a dar una transversalidad en las políticas que hagamos que va a ayudar a regular mejor la vivienda turística y el alquiler en general», destacó.

Desde Lakua, la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, afirmó que no entiende «lo que hace la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia», que ha recurrido las normativas sobre viviendas turísticas de Bilbo y Donostia, ya que con ello «lo único que se está haciendo es regular de la mejor manera posible la convivencia y el equilibrio entre diferentes tipos de alojamiento».

«Lo que se ha judicializado es la capacidad de la regulación desde el punto de vista del urbanismo del mantenimiento del equilibrio entre las diferentes actividades de alojamiento en las ciudades, es decir, la capacidad que tiene un ayuntamiento de decidir cuántos y cómo tienen que vivir diferentes tipos de alojamientos. Eso es una competencia municipal y hay que velar por ese equilibrio», defendió Tapia. Dijo comprender «lo que han hecho los municipios» porque «estamos hablando de regular una competencia y de que el municipio, la comunidad autónoma, puede decidir la relación entre los diferentes tipos de alojamiento».