«Esta ley ya entró con prisas en las últimas semanas del anterior Gobierno de UPN. No era perfecta, por supuesto mejorable, pero era nuestra ley, la que aprobaron nuestros representantes en el Parlamento Foral». Las víctimas de la violencia policial y parapolicial en Nafarroa salieron ayer al paso de la reciente sentencia del Constitucional contra la ley destinada a reconocerlas y repararlas. Lo hicieron en una multitudinaria rueda de prensa celebrada en Katakrak (Iruñea), donde estuvieron acompañados de numerosos colectivos sociales de toda Nafarroa.

En el comunicado leído por Idoia Zabalza –hermana de Mikel, muerto en el cuartel de Intxaurrondo en 1985– y Fermín Rodríguez –hermano de Germán, muerto a tiros de la Policía en los sanfermines de 1978–, las víctimas calificaron de «previsible» la sentencia del TC, recordando «casos que en diversos estamentos judiciales se han resuelto de una forma que ha producido en la sociedad una reacción de asco y repulsa», en referencia al de «La Manada» y a la sentencia contra los jóvenes de Altsasu, algunos de cuyos padres estuvieron ayer en la comparecencia.

Sobre la suspensión de la ley –que contó con cuatro votos particulares a favor de la norma–, Zabalza y Rodríguez consideraron que «independientemente de lo que nos afecte a las víctimas de la violencia policial, es un atentado a la soberanía de nuestro Parlamento y por ende a la de todos y todas las navarras». «Otra más a añadir a la amplia lista de leyes navarras recurridas por Madrid», recordaron flanqueados ante los micrófonos por Aitziber Berrueta, hija de Angel, y Eneko Etxeberria, hermano de Naparra.

El derecho a investigar

En palabras de todas estas víctimas, la sentencia rubricada por ocho jueces del TC tumba la ley navarra al entender que «pretendía de alguna forma sustituir la acción de los tribunales de este supuesto Estado de Derecho, permitiendo que la investigación de delitos provocados por los funcionarios públicos y otros grupos parapoliciales se realizase al margen de la Judicatura». Al respecto, ayer recordaron que «nunca habría hecho falta una ley con estos contenidos si alguna vez la Judicatura hubiera hecho el trabajo que tiene encomendado, es decir, buscar a los culpables de hechos delictivos».

De hecho, entre las principales virtudes que las víctimas advertían en la ley suspendida, ayer destacaron el hecho de que «además del reconocimiento y la reparación, dejaba puertas abiertas a la creación de comisiones que investigasen casos que la justicia ordinaria había dejado en el olvido». Unas comisiones que, según recordó el magistrado del TC Juan Antonio Xiol Ríos en su voto particular, existen desde hace años para certificar atentados de ETA aunque no haya sentencia judicial por desconocerse la autoría o cualquier otro motivo.

En este sentido, y a preguntas de los periodistas, Fermín Rodríguez explicitó que una nueva ley que cierre la puerta a investigar y esclarecer hechos todavía sin aclarar «no será bien recibida» entre las víctimas. Quedó sin precisar, sin embargo, si estas comisiones de valoración o indagación se entienden como un instrumento para reconocer a las víctimas y esclarecer lo ocurrido, o si de ellas se espera también que desencadenen nuevas acciones penales. Sea como sea, ayer insistieron en que «si tanto el reconocimiento como la reparación (...) no van acompañados del derecho a una justicia que conduzca hacia la verdad de los hechos, las heridas se cerrarían en falso».

¿Una nueva ley?

En el ambiente flotó también el impasse en el que se encuentra la ley hermana de la CAV, que sigue en la mesa del TC aunque el Gobierno del PSOE ha dado un paso para retirar el recurso si el Parlamento de Gasteiz introduce ciertos cambios en el texto original. Nadie sabe a día de hoy, fuera del PNV y del Gobierno español, en qué consistirán dichos cambios y si variará el universo de las víctimas que puedan resultar beneficiadas.

Sobre la posibilidad de elaborar una nueva norma en Nafarroa, ayer las víctimas no lo defendieron abiertamente, pero lo contemplaron implícitamente: «En ningún caso es nuestra pretensión convertirnos en legisladores, y mucho menos en jueces, o influir en decisiones de una futura ley de víctimas de violencia policial, aunque sí ser escuchadas». «Que las víctimas fuesen jueces o legisladores de sus propios victimarios ya estaba prohibido en el Derecho Romano y con razón: nuestras trágicas experiencias nos impedirían seguramente ser justos e imparciales», remataron ayer Zabalza y Rodríguez.

EH Bildu aún desconoce los cambios pactados por PNV y PSOE en la CAV

La norma de víctimas de la violencia estatal de la CAV es presentada por algunas voces como modelo para una hipotética nueva ley en Nafarroa, pero estos discursos están en el aire porque no se conoce públicamente cuáles son los retoques pactados por los gobiernos de Madrid y Lakua a cambio de la retirada del recurso, ni si estos cambios serán validados por el Parlamento de Gasteiz, ni cuándo y cómo el Gobierno Sánchez pondrá fin a la amenaza del Constitucional.

La parlamentaria de EH Bildu Jasone Agirre confirmó ayer en declaraciones a Onda Vasca que su grupo «aún desconoce qué va a cambiar» en esa norma. Avanzó que lógicamente su grupo no pondrá problemas a la tramitación, pero quizás sí a la aprobación, dado que tendrá que decidir su posición «dependiendo qué se modifica».

Lo único que tiene claro de momento EH Bildu es que los cambios serán «para recortar» en una ley de la que recordó que ya de entrada «no era la que queríamos». Agirre marcó claramente el criterio de su fuerza política, que es que la norma «incluya a todo el mundo».

A falta de detalles sobre qué «retoques» han pactado exactamente los gobiernos de Urkullu y Sánchez, en lo que portavoces de Lakua ponen el acento es en que la ley de víctimas busca el reconocimiento y la reparación por encima de la justicia e incluso de la verdad. El lehendakari de la CAV manifestó el viernes, tras haber dado el Consejo de Ministros el primer paso hacia la retirada del recurso aunque sin ponerle fecha, que «el acuerdo entre el Gobierno Vasco y el Gobierno español permite, por vez primera, un reconocimiento legal equiparable a todas las víctimas».

Una de las dudas existentes, a la espera de conocer esos cambios, es si entre las víctimas reconocidas estarán las de la tortura. Amnistía Internacional cree que sí, porque el martes dio la bienvenida a la decisión del Consejo de Ministros asegurando que supone «un avance en el reconocimiento de la tortura en el País Vasco». Su responsable de investigación en el Estado español, Virginia Álvarez, recordó que «el Estado no investiga ni deja que se investiguen este tipo de delitos»&flexSpace;y además «ha obstaculizado» el reconocimiento y la reparación. Cabe recordar que en Nafarroa se ha llevado también a los tribunales la partida aprobada por el Gobierno Barkos para realizar un informe sobre la tortura similar y con el mismo equipo que el llevado a cabo en la CAV, y que certificó al menos 4.113 casos en este último medio siglo.

La posición del PSOE sobre esta cuestión concreta de la tortura queda en duda también por la crispada reacción del PSE contra el informe del equipo dirigido por Paco Etxeberria, que descalificó antes incluso de concluir su presentación pública, si bien después ha mostrado una actitud más abierta.R.S.