La decisión, que ha dado lugar al archivo de la causa, ha sido adoptada de forma «unilateral» por el Gobierno, según ha explicado en rueda de prensa su portavoz, María Solana, quien ha lamentado la «falta de sintonía» con sus socios en esta cuestión, puesta de manifiesto en una reunión celebrada esta misma mañana.

La solicitud del Ejecutivo ha llevado al juzgado de Instrucción número 4 a dictar un auto en el que se acuerda archivar la causa abierta por la ocupación del citado inmueble, al entender que esa petición supone una «tolerancia temporal de la ocupación» y por tanto «los hechos no pueden considerarse constitutivos de delito».

Solana ha remarcado que la decisión se ha adoptado en «defensa de los intereses generales», a lo que ha añadido que han estimado que en este momento «prevalece el de la seguridad ciudadana ante la defensa de un bien de titularidad pública».

Defiende que el desalojo no fue un error

Ello «no supone en ningún caso» que el Gobierno renuncie al uso del edificio. Solana ha sostenido que el desalojo que tuvo lugar ayer no fue «un error» y ha defendido que se pusieron «los medios» para cerrar el edificio.

Solana ha detallado que ante «la gravedad» de la situación creada en torno al palacio han acordado pedir que se suspendiera la orden de desalojo, no que se archivara, ni que se retirara la denuncia, ha precisado, con el objetivo de buscar el «tiempo necesario para preservar y asegurar el mantenimiento de la seguridad ciudadana».

La portavoz, quien ha insistido en su disposición al diálogo para «posibilitar un desalojo voluntario, no policial», ha replicado a quienes dicen que «la responsabilidad es solo del Gobierno» que no es así y que «todos y cada uno» tienen responsabilidad, en alusión a quienes ocupan el edificio, la formaciones que respaldan unas u otras posiciones o el ayuntamiento.