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El Gobierno británico publicó ayer las primeras 25 notas técnicas –sobre un total de 80 previstas– indicando el camino a seguir a los ciudadanos y a las empresas en caso de ausencia de acuerdo con la UE para organizar su divorcio, previsto para el 29 de marzo de 2019. Sin nuevo acuerdo comercial, a Gran Bretaña le aplicarían las reglas de la Organización Mundial de Comercio, sinónimo de barreras aduaneras y arancelarias.
Londres y Bruselas tendrían que llegar a un principio de acuerdo en octubre, pero las negociaciones no avanzan y existe el temor de que no se logre. Aunque el ministro británico del Brexit, Dominic Raab, lo consideró «improbable», ya estudia algunas medidas en caso de que suceda.
El ministro aseguró que «alrededor del 80% del acuerdo de salida ha sido aprobado», especialmente en lo que se refiere a la factura del divorcio y los derechos de los ciudadanos expatriados, pero no ante el tema de la futura frontera norirlandesa.
Pero según Bruselas, es evidente que el Brexit «va a causar perturbaciones, y ello con o sin acuerdo», y por tanto «todo el mundo y, especialmente, los operadores económicos deben estar preparados». Raab dijo que «nuestro primer objetivo es facilitar la continuidad y el buen funcionamiento de los negocios, transportes, infraestructuras, programas de ayuda y flujos de financiación».
«En algunos casos ello significa adoptar medidas unilaterales para mantener la mayor continuidad posible a corto plazo, en caso de falta de acuerdo (...)» agregó. Citó el ejemplo de un alineamiento temporal en el ámbito de los medicamentos para garantizar su suministro, para el que Londres dispone de tres meses de stocks de seguridad para más de 200 medicamentos. Raab prometió, además, «medidas prácticas para atenuar cualquier riesgo de problemas en los suministros» de alimentos, de los cuales el 30% proviene de la UE y 20% del resto del mundo.
Ahora bien, el Ejecutivo advirtió de que «los británicos y sus empresas tendrán «un alza de los costes (bancarios) y los procesos serán más lentos» para sus transacciones con el continente o sus compras en línea.
Londres avanzó también que los británicos que viven en la UE, cerca de un millón, podrían perder el acceso a sus cuentas bancarias en Reino Unido, lo que dificultaría el cobro de pensiones y salarios.
Cae la inmigración comunitaria
La inmigración neta de ciudadanos comunitarios al Reino Unido se situó en el último año fiscal –hasta fines de marzo– en 90.000 personas, el nivel más bajo de los últimos seis años, según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS). Esta cifra supone una disminución de 37.000 personas en comparación con el anterior año fiscal La portavoz de la ONS en materia de migración, Nicola Rogers, señaló que gran parte de la caída se debe al menor ingreso de ciudadanos del llamado grupo «UE15» –en el que se encuentran los Estado español y francés o Alemania–, los cuales viajan al Reino Unido por un trabajo concreto.
Según los analistas, la caída en el ingreso de comunitarios responde a la incertidumbre que ha generado la salida británica de la UE –prevista para marzo de 2019– sobre el futuro del país. En general, la inmigración neta al Reino Unido –que se calcula entre los que entraron y los que salieron del país– fue de 270.000 personas, una cifra que se mantiene estable tras los picos experimentados en 2015 y 2016.
A pesar del descenso, las cifras aún se encuentran muy por encima del objetivo del Gobierno de Theresa May, quien considera que la inmigración neta debe ubicarse en 100.000 ciudadanos, un dato que además quiere revisar tras la salida efectiva de la Unión Europea.GARA
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