Entre las denuncias por las expulsiones aceleradas de las personas que llegaron a Ceuta, Save the Children mostró sus dudas de que se hayan podido identificar a menores de edad en un plazo de tiempo tan breve y con un número tan elevado de personas implicadas. «Lo sucedido ayer no responde a una política centrada en los derechos humanos y la defensa de la infancia», advirtió el director general, Andrés Conde, a quien le cuesta creer que se haya garantizado el derecho de las personas migrantes a ser escuchados en un proceso hecho con tal celeridad.

Madrid devolvió ayer este grupo a Marruecos en virtud de un acuerdo suscrito entre ambos países en 1992, que esgrimió el Gobierno español para defender su legalidad. La Policía Nacional realizó todos los trámites habituales para expulsarlos –que deberían incluir asistencia letrada y de intérpretes, identificación y acceso a la demanda de asilo– en menos de 24 horas.

La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado denunció ante el Defensor del Pueblo esta «deportación exprés». «Si son capaces de hacer esto con el foco mediático, imagina lo que hacen en medio del mar, que todavía es peor», advirtió el director y fundador de Proactiva Open Arms, Òscar Camps.

Otro medio centenar de organizaciones, como Cáritas, Red Acoge o el Servicio Jesuita a Migrantes, han suscrito un manifiesto en el que censuran estas «devoluciones en caliente en diferido» e instan al Gobierno a informar de la contraprestación económica que ha recibido Marruecos, y a detallar el número de abogados, intérpretes y policías que actuaron y las actividades que se han llevado a cabo para identificar a personas vulnerables, entre otras cuestiones Estas ONG se suman así a las críticas que ya vertieron la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Amnistía Internacional. Sin embargo, el Gobierno español defendió la legalidad de su decisión y la justificó porque los inmigrantes hicieron uso de «herramientas e incluso sustancias» con las que causaron lesiones a siete agentes de la Guardia Civil.

El Ejecutivo lo calificó de «inaceptable» y advirtió de que no lo va a consentir más, aunque evitó confirmar si recurrirá de nuevo a las expulsiones« exprés».

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, dijo que no es «aceptable el riesgo que corren nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad» y aseguró que las personas que entraron en Ceuta fueron atendidas «jurídicamente una a una, con todas las garantías propias de un Estado de Derecho».

El director de Frontex pide más devoluciones

El director de la agencia europea de fronteras, Frontex, Fabrice Leggeri, pidió que los estados europeos intensifiquen las expulsiones de inmigrantes en situación irregular. «Los estados miembros deben adoptar más medidas efectivas de alejamiento», declaró Leggeri. Aunque admitió que el número de migrantes que llegan a Europa se redujo de forma significativa –«unos 75.000» este año frente a los 1,2 millones de 2015– aseguró que el número de personas extranjeras que viven de forma clandestina «no deja de aumentar». El año pasado se produjeron «151.000 extradiciones, mientras que hubo 204.700 llegadas irregulares», afirmó Leggeri. «Si seguimos así, damos un mensaje implícito a los potenciales migrantes: intentad llegar a Europa de cualquier forma, ya que aunque os detengan, tenéis muchas posibilidades de quedaros».GARA