Después de que México y EEUU cerraran el lunes las bases para un nuevo acuerdo, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá voló ayer mismo hacia Washington para intentar consolidar una versión actualizada del Tratado de Libre Comercio del Norte de América (TLCNA; Nafta por sus siglas en inglés), que ha mantenido entrelazados los intereses económicos de los tres países desde 1994.

Chrystia Freeland, encargada de dirigir las negociaciones por parte canadiense, interrumpió la gira que estaba llevando a cabo por Europa nada más constatar que los presidentes de EEUU, Donald Trump, y México, Enrique Peña Nieto, confirmaban oficialmente el pacto bilateral.

Canadá no ha participado en esta fase de las discusiones porque prefería que México y Estados Unidos arreglaran primero sus diferencias, porque eran de mayor calado, que afectaban, fundamentalmente, al sector automovilístico, los productos agrícolas, el derecho laboral y la propiedad intelectual.

En cuanto al automóvil, el nuevo acuerdo bilateral prevé que la parte de los componentes fabricados en los dos países pase del actual 62,5% al 75%, mientras que el 40% del valor del vehículo deberá provenir de los centros de producción propios y el salario mínimo será de 16 dólares a la hora. Las fábricas que no respeten esas reglas deberán pagar un arancel del 2,5%.

Este punto puede considerarse como una victoria de Trump, que así vende la idea de que está frenando el desvío de buena parte del valor añadido hacia terceros países en los que actualmente se fabrican muchos componentes de automoción.

Por contra, el presidente estadounidense ha flexibilizado su posición sobre la denominada «cláusula crepuscular», que suponía que el acuerdo caducaría a los cinco años y, por tanto, debía volver a negociarse. México ha logrado que tenga una vigencia de dieciséis años, siendo revisable cada seis.

Otra de las cesiones de Trump es la referente a los tribunales de arbitraje dedicados a resolver litigios comerciales entre los socios. El ministro mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo, explicó que «estos mecanismos se mantienen», aludiendo a los que ya funcionan al amparo del TLCNA, y que así se aseguran «posibles compensaciones» para las empresas de su país.

Cuestión prioritaria

Además de las cuestiones técnicas ya solventadas, la entrada en juego de Canadá ha sido facilitada por la insistencia de México para que el acuerdo siga siendo trilateral. La divergencia en cuestiones económicas entre Donald Trump y Justin Trudeau es tan notoria que, tras la cumbre del G-7 que se celebró en Quebec el pasado mes de junio, el mandatario estadounidense calificó de «deshonesto y débil» al primer ministro canadiense, que, apoyado por los representantes de la UE, no quiso doblegarse ante las pretensiones proteccionistas de aquel.

Peña Nieto considera necesaria la incorporación del tercer socio e, incluso, durante su conversación telefónica del lunes con Trump, que pudo seguirse en directo desde el Despacho Oval gracias a un altavoz, recordó que siempre se buscó «concretar un acuerdo que fuera en beneficio de las tres partes».

«Para México es fundamental, es una prioridad, que Canadá pueda estar en la negociación, que pueda ser parte del acuerdo, que siga siendo, como desde el primer día, un acuerdo trilateral», enfatizó su ministro de Exteriores, Luis Videgaray.

Los intereses políticos en D.F. y en D.C.

Hacer, de la necesidad, virtud. Esta es una máxima muy utilizada en el ámbito de la política y es aplicable al pacto alcanzado por los gobiernos de Donald Trump y de Enrique Peña Nieto, quienes viven un contexto particularmente especial, uno en Washington D.C. y otro en México D.F., sus respectivos distritos capitalinos.

El mexicano ya ha comenzado a despedirse de la Presidencia de su país, ya que el 1 de diciembre dará el relevo en el cargo a Andrés Manuel López Obrador. Por ello, tenía a sus espaldas la «presión política de dejar algo hecho», según comenta para la agencia Efe Manuel Valencia, especialista del Tecnológico de Monterrey. El equipo de Peña Nieto no se podía ir sin dejar algo concretado «porque se lo iba a cobrar muy caro el Gobierno entrante, en términos políticos», agrega.

El estadounidense se enfrenta a las elecciones de medio mandato, en noviembre, y este acuerdo podría traducirse en «votos para el Partido Republicano», señala Aribel Contreras, de la Universidad Iberoamericana. GARA