![Imagen de una recepción del Legislativo navarro a Euskaltzaindia. (PARLAMENTO DE NAFARROA)](/media/asset_publics/resources/000/326/854/article_main_landscape/euskaltzaindiaparlamento.jpg)
Durante su comparecencia, Sagrario Aleman ha sostenido que la zonificación en vigor es «reflejo de una concepción absolutamente anclada en el pasado, basada en una visión estática de la vida, de la relación social y de la lengua».
Por eso, a su juicio, la nueva ley debe ser «garante» de principios «básicos», como la protección para la «recuperación y desarrollo» del euskara en «toda» Nafarroa y la «garantía» de su uso y aprendizaje.
Unos principios que colisionan con al zonificación, ya que «impide su aplicación», ha afirmado, y subrayado que al Parlamento de Nafarroa le corresponde establecer el marco legal para la aplicación y desarrollo de la política lingüística con un texto que debe ser «claro y conciso, de modo que garantice lo mejor posible su desarrollo».
Por su parte, Andrés Íñigo ha indicado que en Nafarroa la academia vasca «no ha ocultado su preocupación» y «ha tratado de actuar con la máxima responsabilidad», tal y como a su juicio ha quedado reflejado en los diversos manifiestos públicos.
Y ha precisado que en opinión de esta entidad, el euskara debe estar «por encima de todo interés político», por lo que ha pedido a los distintos partidos que mantenga al euskara «al margen de los avatares de la política partidista y por encima de credos e ideologías».
El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, se ha mostrado a favor de la oficialidad del euskara en toda Nafarroa, si bien ha considerado que hay que concretar aspectos como "« realidad sociolingüística» y admitido que «en este momento no hay una mayoría clara ni en el Parlamento ni en la calle» para modificar la legislación.
El portavoz de EH Bildu, David Anaut, ha apuntado que «la politización de una lengua no es estrictamente bueno» y que a su grupo le gustaría alcanzar un acuerdo «muy amplio» en torno a la nueva ley.
Desde Podemos-Orain Bai, Fanny Carrillo ha señalado que en Nafarroa se ha discriminado a la ciudadanía según la zona en que viviera y para revertir esta situación ha reclamado recursos económicos, «no es un problema social, sino político y económico».
Inma Jurío, PSN, ha indicado que desde un principio su grupo ha favorecido la legislación para que el euskara se considere una lengua propia y ha rechazado la oficialización porque «no se protege más un patrimonio cultural» con esa medida.
Por último José Miguel Nuin, de I-E, ha indicado que el acuerdo programático recoge una política lingüística «comprometida» con el euskara e incluye como «principio» que debe adaptarse a las diferentes realidades sociolingüísticas.
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