En concreto, la propuesta de Unidos Podemos ha contado con el respaldo de ERC, PNV, Compromís y EH Bildu, apoyos insuficientes frente al rechazo que ha recibido por parte del PP, UPN y Foro Asturias y la abstención por la que han optado el PSOE, Ciudadanos, PDeCAT, Coalición Canaria y Nueva Canarias.
La iniciativa de los de Pablo Iglesias pedía al Gobierno español publicar la lista de beneficiados por la amnistía fiscal aprobada en 2012 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, e investigar las posibles conexiones de esta lista con casos de corrupción.
En caso de que se encontraran «relaciones entre casos de corrupción y deudas tributarias amnistiadas», Unidos Podemos emplazaba al Ejecutivo a utilizar las vías administrativas y penales establecidas en el ordenamiento jurídico para establecer las correspondientes sanciones.
De este modo, el grupo confederal quería que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hiciera efectivas las «reiteradas denuncias» que realizó al respecto «durante su etapa como líder de la oposición», antes de llegar a La Moncloa.
Precisamente, esta iniciativa fue registrada tan solo un día después de la renuncia explícita del propio Sánchez a hacer públicos estos nombres, con el argumento de que, en su declaración de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional se pronunció sobre su irretroactividad.
Pero, además, Unidos Podemos aprovechaba su proposición para insistir con la necesidad de que el Congreso investigase las supuestas actividades irregulares atribuidas al Juan Carlos de Borbón por Corinna zu Sayn-Wittgenstein, amiga y socia del monarca, en una conversación grabada por el excomisario José Manuel Villarejo.
En aquellas conversacies, la socia del monarca emérito revelaba que este tenía cuentas en Suiza y cobraba comisiones, por lo que nada más hacerse públicas Unidos Podemos pidió la creación de una comisión de investigación para conocer si Juan Carlos de Borbón pudo haber cometido un delito de fraude fiscal. Sin embargo, la propuesta se topó con el rechazo del PP, PSOE y Ciudadanos en la Mesa de la Cámara Baja.
Además, la iniciativa pedía hacer públicos los informes de auditoría de cuentas de las empresas que se han acogido al régimen de amnistía fiscal declarado inconstitucional, posibilitar la publicidad de las infracciones tributarias y la identidad de sus autores en casos de delito fiscal, e impulsar medidas para luchar contra el fraude fiscal y esclarecer la situación de los amnistiados, con especial atención a los casos considerados de «Alta Protección» o «public exposed person» (PEP).
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