La ingeniería jurídica puede hacer que una petición fiscal de hasta 54 años de prisión acabe con los condenados sin pisar la cárcel, a cambio de dar a las acusaciones la satisfacción de confesarse culpables y esperemos que restituyendo lo distraído a las arcas públicas. Pero todo esto tendrá efectos colaterales. En primer lugar, la ciudadanía seguirá sumando argumentos para pensar que no todos los delincuentes son iguales ante la ley. Y, en segundo lugar, los dirigentes jelkides que insistieron en defender la inocencia de los acusados y asegurar que todo esto quedaría en agua de borrajas se ven desautorizados de la noche a la mañana por su propios excompañeros de militancia. De hecho, la confesión pública de sus pecados por parte de los imputados no deja en buen lugar al propio PNV, que albergó esta trama corrupta en su seno y en instituciones que gobernaba.
Es cierto, como suele recordar los portavoces jeltzales y los de sus aledaños, que en la instrucción de este proceso ya quedó descartado que el PNV se beneficiara económicamente de las actuaciones de los acusados. Pero también es igualmente cierto que la capacidad de delinquir de los futuros condenados estuvo íntimamente ligada a su militancia política, a la posición institucional que ésta les facilitaba y a la disposición de información y fondos que les permitía estar en la Diputación, el Gobierno, un ayuntamiento o en la dirección de un parque tecnológico. Sabiendo además que entre algunos de quienes se sientan en el banquillo y otros dirigentes del PNV había estrechas relaciones de amistad, no deja de ser extraño que ninguno de ellos siquiera sospechara de las actividades ilícitas de sus amigas y amigos, más aún cuando se entremezclaban diferentes hilos con nada menos que 26 personas directamente implicadas.
Es precisamente el abultado número de imputados lo que dificulta las negociaciones entre la fiscalía y la defensa de cada uno de ellos, ya que pueden incluso aparecer intereses contrapuestos entre las y los sentados en el banquillo. Pero si los principales acusados han dado el paso de dejarse ya retratar públicamente como culpables, será que confían en que todo les saldrá bien. A ellos. Otra cosa es cómo nos acabe saliendo esto de la ingeniería jurídica al resto de la ciudadanía.
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