Junto a ello, también han apostado por realizar una adecuada planificación lingüística y poner los recursos necesarios, unas medidas que han explicado Elvira Lizeaga, Ana Midegia, y Patricia Arburua ante la comisión parlamentaria que trabaja en la elaboración de una nueva ley del euskara.

De esta forma, Elvira Lizeaga ha sostenido que la ciudadanía es «la razón de ser de la Administración» y requiere «relaciones normales para recibir el servicio adecuado».

Ha defendido también que «para hablar de progresividad» se debe atender a la Constitución española, que dice que las lenguas autonómicas deben tener «especial respeto y consideración».

Sin embargo, ha dicho, «no se cumplen esos derechos ni en la Administración ni fuera», y ha advertido de la falta de «definición» de la progresividad en la legislación navarra.

Ha sostenido además que la Administración debe tener una actuación «activa y proactiva» de forma que «adopte y ejecute decisiones», ya que «no es legítimo descargar sobre los hombros de la ciudadanía la tarea de activar el uso de los idiomas».

Por su parte, Patricia Arburua ha explicado que las medidas presentadas se deben perfilar «en un futuro» en el que el euskara fuera una lengua oficial en Nafarroa, y ha comentado que en su desarrollo se ha tenido en cuenta la distinta realidad sociolingüística del herrialde.

Así se han establecido cuatro tipologías (según datos del Instituto de Estadística de Nafarroa respecto al número de euskaldunes y los que no lo son), que con plazos diferentes comparten mayoritariamente el objetivo de que la Administración preste servicios de manera bilingüe y la vida social del municipio se pueda desarrollar en euskara.

En lo que respecta a la atención presencial, Arburua ha detallado que se ha tenido en cuenta la heterogeneidad de los municipios navarros, por lo que «resulta complicado ofrecer una única fórmula para decidir el número de puestos bilingües».

En el turno de portavoces, Koldo Martínez, de Geroa Bai, ha señalado que su formación «siempre se ha mostrado a favor de la oficialidad del euskera, pero que para conseguirla hace falta una mayoría política que en este momento no hay» y por ello, ha dicho, van a «promover la protección y el fomento del euskera».

Desde EH Bildu, David Anaut ha defendido como ideas «fundamentales» el protagonismo de la ciudadanía, la importancia de detallar la progresividad y que la Administración sea activa y proactiva.

Laura Pérez, de Podemos-Orain Bai, ha comentado que las propuestas presentadas «se adecúan a las diferentes realidades lingüísticas» de Nafarroa, por lo que la oficialidad «no debe ser una excusa para decir que no es posible».

Inma Jurío, PSN, se ha mostrado de acuerdo con que diferentes ayuntamientos tengan una «actitud proactiva» para satisfacer el derecho al euskara de los ciudadanos, pero ha pedido que «la Administración no se organice de forma arbitraria».

Por parte de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin ha señalado que su grupo defiende que la política lingüística se adapte a las diferentes realidades sociolingüísticas de Nafarroa.