El tribunal que juzga este caso, en el que se investiga una presunta trama de corrupción vinculada a excargos del PNV de Araba, ha aceptado la petición de la Fiscalía y de la mayoría de las defensas para otorgar una nueva suspensión temporal del juicio, después de la ya acordada hace dos semanas.

El objetivo es que el Ministerio Público y los abogados de los acusados con los que este negocia una posible conformidad dispongan de más tiempo para acercar posturas que permitan cerrar un acuerdo.

El fiscal general de Araba, Josu Izaguirre, ha explicado que las negociaciones con «gran parte» de los 26 procesados, entre los que se encuentra el presunto cabecilla de la trama, el exdirigente del PNV Alfredo de Miguel, «van por buen camino». Por el contrario, algunos de los acusados han rechazado negociar y defenderán su inocencia una vez se reanuden las sesiones del juicio.

La vista oral se reanudará el 15 de octubre. Ese día, la Fiscalía y las defensas que mantienen abiertas las negociaciones deberán concretar si han llegado a un acuerdo.

De producirse el pacto, los acusados que se hayan acogido al mismo serán condenados por los delitos recogidos en la conformidad acordada con la Fiscalía, mientras que el juicio continuará para el resto de los procesados.

«Expectativa de acuerdo»

Aunque el presidente del tribunal, Jaime Tapia, ha aceptado esta nueva petición de suspensión provisional, ha otorgado una prórroga más breve que la solicitada por la Fiscalía, que pretendía que el juicio no se reanudara hasta el 5 de noviembre.

Tapia ha accedido al aplazamiento porque las negociaciones «siguen progresando» y existen «expectativas de acuerdo», aunque ha señalado que es «suficiente» con un aplazamiento de 15 días.

Ha anunciado que este es el último aplazamiento que aceptará el tribunal, por lo que sea cual sea el resultado de los contactos entre el Ministerio Público y las defensas, la vista oral se reanudará ese día con la toma de declaración a los acusados.

«Negociaciones muy complejas»

Izaguirre, por su parte, ha explicado que las conversaciones con «la práctica totalidad» de los acusados «van por buen camino», aunque se trata de unas negociaciones «muy complejas» y aún queda «bastante recorrido».

En esta causa judicial, que se inició en 2009 a raíz de la denuncia de una empresaria, se investiga una presunta trama de corrupción y cobro de comisiones ilegales vinculada a destacados exdirigentes del PNV. Alfredo de Miguel, exnúmero dos del PNV de Araba y al que la Fiscalía considera el «dirigente» de una asociación ilícita dedicada al cobro de comisiones ilegales y otras actividades delictivas, se enfrenta a una posible condena de más de 54 años de prisión.

El escrito de acusación del Ministerio Público implica a 26 personas, a las que atribuye diversos grados de responsabilidad en este presunto entramado, que se habría desarrollado entre 2005 y 2009. Entre los acusados figuran otros destacados exdirigentes del PNV.

Jaime Tapia, el magistrado que dirige la vista del caso De Miguel, ha concedido un nuevo aplazamiento antes de que se reanude «sí o sí» el 15 de octubre, dentro de dos semanas.

Este lunes han finalizado los 15 días de suspensión que la Sección Segunda de la Audiencia de Araba concedió a la Fiscalía y a las defensas para poder cerrar un posible acuerdo de conformidad, que supondría rebajar las penas solicitadas a cambio de reconocer delitos.

Sin embargo en este tiempo no se ha podido cerrar un pacto y la Fiscalía ha decidido reclamar una nueva suspensión hasta el 5 de noviembre. Las acusaciones su han sumado a la petición y el abogado de Alfredo de Miguel también.

«Las negociaciones han avanzado mucho. Creo que vamos por el buen camino pero es muy complejo y todavía nos queda bastante recorrido. Vamos a solicitar una ampliación a la Sala con vistas a que esto tenga éxito», ha explicado Izagirre a los medios de comunicación antes de entrar en el Palacio de Justicia de Gasteiz.

El fiscal jefe ha indicado que «algunos se han negado a entrar en negociaciones». No ha querido precisar cuántos no están dispuestos a suscribir ese acuerdo.

El fiscal jefe ha dicho que la «hipótesis» en este momento es que «no se llegue a un acuerdo con todos», pero sí con «gran parte de ellos».