Así lo ha indicado su representante, Paul Bilbao, en una comisión especial en el Parlamento de Nafarroa para la elaboración de una nueva ley del euskara, en la que ha expresado la importancia de poner «en el eje central a la ciudadanía».

Ha precisado que se ha querido mostrar las vivencias de las personas que quieren vivir en euskara de forma que, en el marco de una dinámica organizada en pueblos de la zona mixta, los euskaldunes expresaron una serie de «vulneraciones» que se ligaban a la actividad municipal o a los servicios de salud.

Ha sostenido que en la propuesta presentada los derechos lingüísticos son subjetivos y ello implica que las instituciones «tendrán que tomar medidas».

En cualquier caso, ha aseverado que los principios que tendría que contener la futura ley son, entre otros, la normalización lingüística y que los derechos lingüísticos, «además de ser subjetivos, hay que situarlos en el parámetro de los derechos humanos».

Ha detallado que, en un ejercicio comparativo con otras comunidades en las que existe una lengua oficial, como la CAV, las Islas Baleares o Galiza, entre otras, Nafarroa es «la más débil» desde el punto de vista de cómo se reglamentan las leyes en ese ámbito.

En ese sentido, ha apuntado que la Ley del Euskara de 1986 prestaba más atención a la zonificación que a los derechos de la ciudadanía.

Asimismo, ha señalado que la carta europea de las lenguas regionales, ratificada por el Estado español, «deja claro» que las medidas a favor de la lengua minoritaria, sea o no esta oficial, no se pueden considerar como un discriminación hacia otras lenguas.

Otro elemento que ha incluido en su propuesta es que, con la oficialidad del euskara, este idioma tendría un valor jurídico que sería «reconocido» y de cara a la autopercepción de la comunidad es importante.

Ha mencionado, como elemento concreto de la propuesta, el protocolo de garantía de derechos lingüísticos presentado en 2016 por más de cien agentes implicados en la recuperación de treinta lenguas minoritarias en Europa.

En el turno de los grupos, Jokin Castiella, de Geroa Bai, ha compartido que se sitúe a la ciudadanía «en el eje centra»" y que la propuesta «da una dimensión lingüística a los derechos de las personas como derechos humanos».

Por parte de EH Bildu, David Anaut ha indicado que la clave de la nueva ley del euskera deben ser los derechos lingüísticos y la oficialidad de ese idioma en Nafarroa.

El representante de Podemos-Orain Bai Carlos Causo ha señalado que la palabra clave es «normalización» y que «acabar con la zonificación» supondría «acabar con la posibilidad de que el euskera sea utilizado como instrumento para las luchas políticas».

Inma Jurío, PSN, ha indicado que una ley que establezca la oficialidad del euskara «no garantiza que más navarros aprendan euskara» y que el actual marco legislativo es «adecuado porque se corresponde con la realidad sociolingüística».

José Miguel Nuin, de Izquierda-Ezkerra, ha comentado que la progresividad debe incluirse en la ley, si bien ha resaltado que debe haber «consensos sociales».