Casi cuatro años después de la presentación de la primera de las querellas por el «caso Bidegi» por parte de la Diputación de Gipuzkoa (entonces en manos de EH Bildu), la última decisión del Juzgado de Azpeitia da a entender su determinación de llevar a cabo el peritaje de los túneles de la AP1 solicitado por la acusación hace ya más de año y medio.

La providencia firmada el 2 de octubre, a la que ha tenido acceso GARA, se refiere a la segunda querella por presuntos pagos de dinero público por trabajos falsos o inflados, que es la relativa al tramo de la autopista ubicado entre Gipuzkoa y Araba. Cabe recordar que la Diputación alavesa, entonces en manos del PP, refrendó las sospechas de la institución guipuzcoana, de signo político radicalmente contrario.

Entre los aspectos denunciados figura por ejemplo la constatación de que Bidegi pagó a las constructoras mucho más grosor de hormigón que el realmente inyectado en los túneles. Así lo acredita el peritaje encargado al final de la pasada legislatura por la Diputación que dirigía Martin Garitano. Pero dado que los imputados en el caso niegan haber inflado o manipulado los precios, la resolución judicial parece abocada a otro peritaje encargado por el Juzgado, y que por competencia corresponde realizar a la UCO de la Guardia Civil.

En esta providencia, la jueza del caso plantea a esta Unidad Central Operativa que le «informe a la mayor brevedad posible sobre la posibilidad de realizar el trabajo».

En paralelo, el Juzgado afronta un escollo técnico sobrevenido en esta compleja investigación. Con vistas a la realización del imprescindible peritaje, el Juzgado había solicitado un presupuesto a la EAT de Bilbo (Unidad de Gestión Técnica, encargada de estas labores). Pero la cifra trasladada ha sorprendido por su enorme volumen tanto a la acusación como al propio Juzgado de Azpeitia, de modo que la magistrada solicita ahora a la EAT que desglose el presupuesto, a todas luces mucho más elevado que el encargado en su día por la Diputación de Gipuzkoa. Y le insta, como a la UCO, a que lo haga de modo «urgente», lo que ratifica la impresión de que el Juzgado está dispuesto a afrontar esta fase clave del proceso de instrucción.

Hasta 2022

La investigación de las dos querellas (una por cada tramo de la AP1) se inició de modo diligente con la toma de declaración de imputados y testigos, pero después el ritmo se ha ralentizado, entre otras cosas por avatares internos de este Juzgado número 2 de Azpeitia.

Así, en los dos últimos años apenas se han producido novedades. En cualquier caso, hay tiempo suficiente para investigar si se toma en consideración que en primavera de 2017 la propia instructora prolongó a un máximo de cinco años el plazo de investigación.