Un día después de que el Foro Social Permanente presentase en Gasteiz el estudio en el que se constata la desestimación sistemática de las peticiones de progresión de grado, Etxerat ha ofrecido en Bilbo su valoración al respecto. Urtzi Errazkin ha incidido en que «los datos hablan por sí solos», citando que desde julio, el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria ha dictado 47 autos denegatorios en respuesta a otras tantas solicitudes.

Errazkin ha recordado que «pese al nuevo tiempo que vive la sociedad vasca, la misma que reclama de forma mayoritaria una resolución justa de las consecuencias del conflicto, el 95% de los presos políticos vascos continúan clasificados en primer grado penitenciario, el de régimen cerrado toda vez que 27 de ellos se encuentran en módulos de aislamiento de forma permanente».

El portavoz de la asociación de familiares han destacado que los presos han mostrado su disponibilidad a recorrer el camino dentro de la legalidad penitenciaria, «en una perspectiva final de excarcelación», postura que ellos comparten. «Nos urge dejar de estar sometidos a una política penitenciaria que agudiza nuestro sufrimiento», ha declarado Errazkin, quien ha añadido que los órganos penitenciarios y judiciales se lo están impidiendo.

«La progresión de grado debe responder a las circunstancias de cada preso y a su situación penitenciaria, no son lícitos autos que rechazan la progresión de grado con respuestas universales y sistemáticas», ha manifestado el representante de Etxerat, que se ha preguntado hasta cuándo van a seguir siendo víctimas de una política carcelaria de excepción.

Llamamiento de los abogados

En la comparecencia también ha tomado la palabra Onintza Ostolaza, una de las letradas, para realizar un resumen de los argumentos esgrimidos desde el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria para desestimar las solicitudes de los presos vascos. Ha subrayado que alrededor de 175 prisioneros clasificados en primer grado cumplen condena en módulos de segundo, «conviviendo con normalidad junto a internos clasificados» en ese grado.

Ello les lleva a considerar que con el mantenimiento sistemático del primer grado «lo único que la administración penitenciaria y la judicial pretenden es impedir que los presos realicen el recorrido penitenciario legal e individual» para poder acceder a permisos de salida, terceros grados y, en última instancia, acceder a la libertad condicional».

«Se les está impidiendo realizar el camino legal individual que a su vez se les exige desde las mismas instancias», ha remarcado Ostolaza. Por esa razón, ha instado a los órganos judiciales y administrativos a que apliquen la ley y se permita acceder a la progresión de grado.